¿Cuál es el pacto más importante?

Secciones Especiales

El nuevo Gobierno ha definido que el pacto social será una herramienta central. La aspiración, compartida por gran parte de la sociedad, es que esta sea la plataforma para generar políticas que contribuyan no sólo a salir de la crisis, sino también a generar las bases para promover crecimiento con justicia social.

La generación de empleos de calidad, la promoción de inversiones y exportaciones, las mejoras en la educación y la salud, el cuidado del medio ambiente, la lucha contra la inflación, la mejora en los programas asistenciales y el impulso de la tecnología seguramente formarán parte de la agenda a abordar en el dialogo social.

Pocos dudan de la pertinencia de apostar a estructurar políticas públicas sobre la base del diálogo y los consensos. Pero también se sabe que el éxito del pacto depende de la vocación y seriedad con la cual los actores convocados aborden los temas. Así como hay experiencias internacionales que muestran resultados muy alentadores, en nuestra historia prevalecen los fracasos generados por mezquindades y voluntarismos. Por eso, es fundamental abordar este ambicioso y estratégico proyecto evaluando con objetividad las principales fortalezas y debilidades que se plantean en el actual contexto.

A mi juicio, las principales dificultades no pasan por la vocación constructiva de los actores involucrados, sino por la débil situación que tiene el sector público para llevar a la práctica las estrategias que se acuerden. La fragilidad, tanto financiera y como de gestión, es un factor muy limitante a la hora de instrumentar políticas públicas. Por ejemplo, es muy probable que forme parte de los consensos eliminar impuestos distorsivos que desalientan el empleo, la inversión y las exportaciones; y que es fundamental fortalecer la inversión en infraestructura y en ciencia y tecnología. Pero para llevar a la práctica estas buenas ideas, como muchas otras, se necesita mejorar la sustentabilidad financiera y la calidad de la gestión pública.

Para que el Estado sea menos dependiente de la emisión y el endeudamiento para su financiamiento, y tenga mayor capacidad para responder a las necesidades de los ciudadanos es imprescindible abordar un profundo ordenamiento. De lo contrario, las buenas ideas que surjan del pacto social naufragarán en la falta de recursos y de capacidad de gestión que sufre el sector público. Esto alerta sobre la importancia estratégica de abordar la transformación del sector público sobre la base de tres ejes fundamentales:

El ordenamiento funcional. Que los tres niveles de gobierno actúen de manera solapada en la gestión de los mismos servicios es una poderosa fuente de derroche de recursos y relajamiento de los controles. Aportaría mucho en favor de la calidad de la gestión y la transparencia que cada jurisdicción se haga cargo de las responsabilidades que le asigna la Constitución y se erradique la tentación de inmiscuirse en los servicios que no le competen.

El ordenamiento tributario. Que desde los tres niveles de gobierno se apliquen al mismo ciudadano varios impuestos por el mismo hecho imponible es una aberración. La consecuencia es un sistema tributario muy distorsivo, injusto y burocrático. Unificando impuestos se podría ir modelando un sistema tributario más simple y consistente con las aspiraciones de crecimiento con justicia social.

El ordenamiento previsional. Las erogaciones previsionales representan más de la mitad de los gastos corrientes nacionales y más del 20% de las principales provincias. Es, lejos, el principal desafío que se enfrenta en materia de finanzas públicas. Parte de los problemas se originan en errores de política previsional, pero no podemos seguir pasando por alto que en la Argentina, como en el resto del mundo, el envejecimiento poblacional es un factor persistente de erosión de la sustentabilidad de los sistemas previsionales.

El rasgo trasversal que complejiza el desafío es que el ordenamiento del sector público involucra a los tres niveles de gobierno. Por eso, sin menospreciar la importancia de invertir energías en avanzar con un pacto social, hay que asumir que su eficacia está decididamente condicionada a un acuerdo previo entre la Nación y las provincias donde se aborde el ordenamiento del sector público asumiendo el desafío de reconstruir el federalismo, simplificar el sistema tributario y recomponer la sustentabilidad y equidad del sistema previsional. El pacto entre las provincias y la Nación tomando acciones en el ordenamiento del Estado es la base de sustentación de un pacto social.

(*) Ministro de Finanzas de Córdoba

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