El riesgo legal argentino continúa siendo elevado

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Argentina mantiene 62 causas abiertas por deuda no reestructurada en 2005 y 2010.

El 22 de abril de 2016, la República Argentina ponía fin a más de 10 años de litigios internacionales originados por acreedores propietarios de deuda en default y no reestructurada. Durante una década, los argentinos escuchamos diariamente nombres como Thomas Griesa, Paul Singer o NML Capital. Los expertos desfilaron por los medios explicándonos el significado de las cláusulas RUFO o Pari-Passu. Todos conocíamos quiénes eran los holdouts y los fondos buitre. Durante este tiempo y como en muchas otras instancias, Argentina fue el foco de la comunidad financiera internacional por motivos que solamente nosotros somos capaces de originar.

Sin embargo, y a pesar de la considerable reducción de litigios internacionales, el riesgo legal argentino continúa siendo elevado y será un desafío que el presidente Alberto Fernández deberá enfrentar desde el primer día en la Casa Rosada.

Hoy Argentina posee 62 causas abiertas por deuda no reestructurada en 2005 y 2010. También tiene 13 demandas sin resolución en el CIADI y 7 casos en la UNCTAD. A esto se suman 7 nuevas demandas de acreedores de los Cupón PBI y el emblemático caso por la expropiación de YPF, el caso Petersen. En total, según una presentación del Gobierno nacional en el ente regulador de mercados norteamericano (SEC) y según datos recopilados de fuentes con conocimiento directo de las causas, Argentina enfrenta un riesgo legal que, de terminar todos con fallos adversos a los intereses nacionales, podría resultar en daños económicos que van desde los u$s6.300 millones a los u$s13.400 millones.

Argentina es un país conocido en el ámbito internacional por la notable cantidad de causas que enfrenta en las principales cortes civiles y comerciales del mundo. Ya sea Estados Unidos, el CIADI o la UNCTAD, nuestro país posee cerca de un centenar de litigios originados por acreedores de deuda soberana, por multinacionales que vieron sus concesiones terminadas prematuramente o por accionistas de empresas que fueron perjudicados por decisiones del Estado (contratos).

Por este motivo, el desafío del presidente Alberto Fernández tiene dos frentes. Por un lado, el nuevo Gobierno deberá continuar el muy buen trabajo que hizo la administración del presidente Macri al reducir en número de litigios pendientes de resolución, y por otro, evitar que estos litigios, principalmente de acreedores, vuelvan a ser protagonistas y crezcan en cantidad. Entre todas las malas noticias del saliente Gobierno, el equipo económico del presidente Macri puede jactarse de haber sacado a Argentina de una situación delicada al cerrar el 99% de los litigios abiertos contra el país y permitir así que Argentina se reincorpore al mundo. Ahora, con la abultada deuda que lleva Argentina sobre sus espaldas y una muy probable dura ronda de negociaciones con sus acreedores internacionales, el Gobierno recién asumido deberá ser muy meticuloso en su esfuerzo de normalizar la deuda argentina para evitar que el riesgo político crezca una vez más.

Esta abultada agenda legal que enfrenta el país es sólo el comienzo de un año en el cual conoceremos la resolución de muchos casos abiertos en el exterior por acreedores y empresas que reclaman compensación económica por diferentes eventos ocurridos en el país desde 1995.

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