Fuentes alternativas para reducir el déficit energético y ahorrar divisas

La Argentina no se encuentra ajena a esta realidad mundial. El horizonte de nuestras reservas petroleras, según datos oficiales, alcanza a los 10 años, y para el gas a 12 años. Asimismo, según datos suministrados por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, la declinación de los valores de producción de crudo en 2004 y 2005 permite anticipar que los hidrocarburos argentinos se encuentran en un punto de quiebre, por lo que resulta indispensable pensar en nuevas alternativas, en sustitución de los combustibles fósiles.
La crisis económica y social de diciembre de 2001, como las medidas adoptadas en materia energética, sobre todo el nivel de las retenciones impuestas, nos ha llevado a una situación crítica en materia de inversiones, tanto en petróleo y gas como en energía eléctrica, con serios perjuicios también para las provincias productoras de hidrocarburos.

En el año 2004 asistimos a la primera crisis no declarada de abastecimiento energético, que obligó al gobierno nacional a tomar decisiones de alto costo fiscal como la importación de gas de Bolivia, la importación de energía eléctrica de Brasil y el abastecimiento de fueloil proveniente de Venezuela para nuestras centrales eléctricas, todo a precios internacionales, con un gasto de más de mil millones de dólares, que continuará en 2005 y en 2006, mientras que a las empresas productoras locales se les reconoce un tercio de dichos valores, y a las provincias se las condena a percibir regalías por debajo de las que por ley les corresponden.

Recursos alternativos

Para dar respuesta a la grave crisis en el sector de generación de eléctrica que se avecina el gobierno nacional ha lanzado una convocatoria para instalar dos ciclos combinados de 1.600 MW en la zona de Rosario, que serán propiedad de empresarios privados, pero que necesitará de un aporte del Tesoro Nacional, es decir de todos los argentinos, de unos 420 millones de dólares que saldrán del Presupuesto Nacional 2006. Lo paradójico es que aún no tienen el abastecimiento de gas y el transporte asegurado, pero en todo caso se seguirá consumiendo más de un recurso no renovable con bajo horizonte de reservas, y se sigue dejando de lado y casi en el olvido la necesidad de poner en práctica una política a favor de la utilización de las fuentes renovables de energía, que la Argentina dispone en calidad y cantidad. Baste con señalar que el potencial eólico de nuestra Patagonia es del orden de los 300.000 MW; el de origen geotérmico, sólo de yacimientos ya evaluados, es cercano a los 100 MW; y los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos identificados son más de 150 en todo el país, por mencionar solamente algunos.

El anuncio del Sr. Presidente en la reciente Conferencia sobre cambio climático de un marco legal estable para las energías renovables es, por ahora, una promesa, no obstante que la Argentina ha ratificado, junto con numerosos países, en el marco de la Conferencia de Johannesburgo 2002 y la Plataforma de Brasilia en 2003, su compromiso de incrementar fuertemente la participación de las energías renovables en su matriz energética, hoy dependiente en más de 90% de los combustibles fósiles.

En el año 2003, el Senado nacional dio media sanción a dos proyectos de ley de mi autoría. Uno de ellos proponía la creación de un Régimen de Inversiones para el Fomento de las Fuentes Renovables de Energía (FER) para la producción de energía eléctrica con destino a mercados de red, con una meta de producción que llegaba a 8% de participación de estas fuentes para el año 2013. A causa de la falta de tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados perdió estado parlamentario y fue nuevamente presentado en 2005 con la adhesión de 49 senadores y recibiendo otra vez el apoyo explícito de la Secretaría de Energía de la Nación.

Geotermia

El otro proyecto mencionado tiene como finalidad otorgarle a la actividad extractiva de energía geotérmica (única fuente con riesgo minero) los beneficios de la Ley N° 24.196 de inversiones mineras. Ambos proyectos fueron apoyados por la Secretaría de Energía y por la Secretaría de Minería y el Cofemin, respectivamente.
En el mismo sentido he presentado, con la adhesión de otros diez senadores, un proyecto de ley por el que se propone la elaboración de un Plan Nacional del Hidrógeno, a fin de que desde el Poder Ejecutivo Nacional se establezca una política de largo plazo sobre todas las fases destinadas a la producción, transporte, almacenamiento y utilización de este combustible, que seguramente comenzará a revolucionar nuestras vidas en las próximas décadas, en lo que se ha dado en llamar "la economía del hidrógeno". El gobierno de Estados Unidos ha encarado políticas públicas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, a través de distintos programas y políticas de largo plazo, destinando sólo para los próximos 5 años nada menos que 1.200 millones de dólares.
Los beneficios que incorpora el proyecto de ley sobre las FER son incentivos fiscales, con costos prácticamente nulos para el fisco. Los inversores podrán realizar la amortización acelerada de sus equipos; diferir el pago del Impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA, todo ello en un marco de estabilidad fiscal. Como contrapartida se deberá alcanzar 40% de integración con equipos fabricados en el país. Estos beneficios son coincidentes con los incentivos que actualmente esta impulsando el gobierno nacional en materia de exploración de hidrocarburos y los vigentes en el régimen minero y del software.

Decimos que el costo fiscal de estas medidas es prácticamente nulo ya que los diferimientos propuestos tienen sólo costo financiero, ya que los mismos serían imposibles de recaudar si las inversiones no se realizan. Verdad de Perogrullo...
La inactividad legislativa del Congreso de la Nación ha impedido que estas iniciativas avancen positivamente hacia la creación de leyes marco para que la Argentina encuentre alternativas para salir de esta latente crisis en materia energética. Es necesario despertar de este estancamiento legislativo actual e impulsar verdaderas políticas de Estado de largo plazo tan necesarias en nuestro país.

Que la incapacidad de algunos no cause un daño irreparable al país. Bienvenido el debate si es para mejorar el proyecto. De la discusión saldrá la luz o la energía... Por ahora es un diálogo de sordos: sabemos que así como no hay peor ciego que el que no quiere ver, también es cierto que no hay peor sordo que el que no quiere oír.

(*) Senador nacional.