El FMI plantea que Uruguay podría ahorrar 0,4% del PIB si ajusta los incentivos de inversión

El organismo sugiere que una reforma "relativamente modesta" liberaría hasta u$s 300 millones para inversión pública y políticas sociales.

El FMI ve margen para reducir gastos tributarios, pero el MEF se resiste a los cambios drásticos. 

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un estudio sobre el gasto tributario de Uruguay en el que considera que una revisión del régimen de incentivos a la inversión permitiría mejorar la eficiencia del sistema y generar un espacio fiscal relevante.

Según las simulaciones incluidas en el informe, una reforma "relativamente modesta" podría elevar la recaudación en 0,4 puntos del PIB, equivalente a unos 300 millones de dólares. El informe advierte que Uruguay posee "uno de los niveles más altos de gasto fiscal en América Latina", con renuncias tributarias que en 2024 alcanzaron el 6% del PIB. En total, existen cerca de 180 beneficios activos, algunos vigentes durante décadas, que concentran las exoneraciones principalmente en el IRAE, el IVA y el Impuesto al Patrimonio, especialmente bajo la Ley de Promoción de Inversiones. Los sectores más beneficiados son construcción, salud y energía.

El documento plantea que este volumen de exoneraciones "limita la flexibilidad fiscal" y reduce la capacidad del Estado de reasignar recursos hacia infraestructura, innovación, programas sociales u otras inversiones públicas consideradas productivas.

Oddone: "Por ahora, hemos decidido mantener esos esquemas"

Consultado en rueda de prensa, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, sostuvo que el planteo del FMI se enmarca dentro del monitoreo habitual que realiza el gobierno sobre el gasto tributario.

"El informe sugiere una revisión de ese gasto tributario para asegurarse de que esa renuncia fiscal efectivamente contribuya al crecimiento. Eso es algo que cualquier gobierno, en particular el nuestro, realiza de manera permanente", señaló Oddone.

Sin embargo, remarcó que no habrá un giro inmediato en el esquema vigente: "Por ahora, hemos decidido mantener, en líneas generales, esos esquemas de incentivos tributarios, lo cual, a lo largo de todo el período, seguiremos evaluando e introduciendo modificaciones".

El ministerio trabaja en un decreto, anunciado en agosto, que ajustará los criterios del régimen de promoción de inversiones. El MEF evalúa cambios en la ponderación sectorial, en los indicadores de impacto y en el seguimiento posterior a la adjudicación de beneficios.

Bruno Giometti: "Es un insumo interesante; Uruguay exonera más que la región"

El diputado del Frente Amplio (FA), Bruno Giometti, destacó el estudio como "un insumo interesante", especialmente por provenir del FMI, un organismo que suele mantener una línea tradicionalmente conservadora.

Giometti subrayó que Uruguay resigna cerca de 2.400 millones de dólares anuales (6% del PIB) en exoneraciones: "Seguramente una parte grande está bien gastada, pero quizá hay margen para mejorar la eficacia".

El legislador afirmó que sectores como la construcción concentran un volumen significativo de beneficios y que algunas ramas industriales basadas en materias primas "seguramente tengan una competitividad alta sin necesidad de tantas exoneraciones". Añadió que, mientras se discute un presupuesto que reasigna 140 millones de dólares, el informe muestra un eventual ahorro de más del doble mediante una revisión del régimen: "Si Uruguay exonera mucho más que los países de la región, es lógico preguntarse cuánto de esa plata se puede ahorrar sin efectos negativos".

El debate que viene: eficiencia, control y destino del ahorro

El FMI asume que el ahorro tributario podría canalizarse hacia inversión pública, infraestructura y políticas productivas, preservando el equilibrio fiscal. Alternativamente, podría utilizarse para reducir déficit, aunque advierte que deben evaluarse las reacciones de empresas y hogares ante la eliminación de ciertos incentivos.

Giometti coincide en que el tema tiene que estar sobre la mesa: "La discusión suele concentrarse en el gasto social, pero hay montos muchísimo mayores destinados a exoneraciones a empresas que incluso, en algunos casos, después se van del país".

La evaluación oficial continuará durante el período, con el decreto de promoción de inversiones como primer ajuste y con la posibilidad de redefinir criterios en función de competitividad, impacto territorial y valor agregado.