El senador del Partido Colorado (PC), Robert Silva, presentó un proyecto de ley que otorga a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la potestad de resolver, en una única instancia, si un jerarca público incurre en incompatibilidades legales o violaciones constitucionales.
Impulsan ley que daría a la Suprema Corte de Justicia la potestad para remover jerarcas por "incompatibilidades"
El mecanismo prevé intervención judicial directa y consecuencias automáticas para garantizar transparencia y reducir la discrecionalidad política.
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El Frente Amplio insiste en que el caso de Álvaro Danza está "cerrado" mientras la oposición prepara nuevas interpelaciones
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El Frente Amplio busca dejar atrás la polémica en torno a Álvaro Danza y apunta "caprichos" y "revanchas" desde la oposición
Tras la polémica por el caso Danza, los colorados proponen que la SCJ reemplace a la Jutep como árbitro final de los conflictos funcionales.
La iniciativa surge en medio del debate por la situación del presidente de ASSE, Álvaro Danza, y apunta a "despolitizar" el análisis de estos casos, usualmente tramitados en organismos administrativos.
Silva sostuvo que la propuesta busca "un mecanismo institucional claro, definitivo y ajeno a vaivenes partidarios" para determinar si una autoridad puede permanecer en su cargo. La iniciativa habilita a cualquier ciudadano a promover la acción declarativa ante la SCJ y obliga a un pronunciamiento sin apelación posible.
El caso Danza, el detonante
La discusión tomó temperatura política luego de que se divulgara que Danza, mientras presidía ASSE, mantenía vínculos laborales con tres mutualistas privadas. La oposición reclamó su renuncia inmediata. A esto se sumó un informe de Radio Carve que mostró registros de ingreso en la Facultad de Medicina superpuestos con sus horarios en ASSE.
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) terminó respaldando a Danza por mayoría, con los votos de los dos directores designados por el Frente Amplio (FA). El dictamen se apartó del informe jurídico elaborado por la propia asesoría letrada del organismo, que sí había concluido en la existencia de incompatibilidad. Aunque fue ratificado en su cargo por la ministra Cristina Lustemberg, Danza renunció horas antes a sus horas en tres mutualistas privadas.
Qué prevé el proyecto: SCJ como árbitro y destitución automática
El texto propone que la SCJ pueda resolver: si existe incompatibilidad legal para ocupar un cargo público y si un jerarca incurre en violaciones constitucionales vinculadas al ejercicio de su función.
La acción podrá ser iniciada por cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar un interés directo. Si la Corte confirma la irregularidad: el jerarca pierde automáticamente el cargo. Si permanece en funciones, se activa de inmediato la Fiscalía, que deberá investigar un eventual delito de usurpación de funciones. Con esto, Silva busca que sea la Justicia, y no organismos con integración política, la que resuelva estas situaciones que suelen escalar en tensión partidaria.
La iniciativa promete abrir una discusión amplia en el sistema político sobre los controles al ejercicio de la función pública, el alcance de la Jutep y los mecanismos de responsabilidad de los jerarcas. De aprobarse, implicaría un cambio estructural en la supervisión del desempeño de altos cargos y en la forma en que se dirimen los conflictos de interés.


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