9 de junio 2017 - 23:27

Brasil: una democracia intervenida, en la que el voto no vale nada

• LOBBIES, COMPLOTS Y EXCESOS JUDICIALES AVASALLAN LA VOLUNTAD POPULAR
El proceso sobre la eventual destitución del presidente por financiación ilegal de la campaña se suma a la corrupción desenfrenada y a un “impeachment” que dejó un trauma duradero. Preguntas incómodas.

Más de 54 millones de brasileños, de todas las edades, condiciones sociales y pertenencias geográficas votaron en la segunda vuelta del 26 de octubre de 2014 por la fórmula compuesta por Dilma Rousseff y Michel Temer. Esa noche festejaron y a ninguno se le pasó por la cabeza que, dos años y medio después, sus votos terminarían valiendo lo mismo que nada.

En efecto, esos ciudadanos vieron su voluntad traicionada no una ni dos sino y hasta tres veces desde entonces. Y lo más grave, por culpa de los tres poderes del Estado.

La primera felonía la produjo la propia (entonces) presidenta y su Partido de los Trabajadores, al no hacer nada (para decir lo menos) contra una corrupción sistémica que, se comprueba ahora, desgarraba desde hacía años al país.

La operación "Lava Jato" (lavadero de autos) destapó un esquema por el que el Estado bobo, a través de Petrobras, entregaba concesiones amañadas y sobrefacturadas a un club de empresas contratistas liderado por Odebrecht. Los retornos en forma de coima no solo aceitaron al oficialismo, claro, sino al grueso del sistema político, en la Unión, en los estados y en los municipios, tanto a la izquierda como a la derecha.

¿Qué otra cosa es la interferencia del poder del dinero negro, la mediación del "lobby", entre mandantes y mandatarios sino una traición a la voluntad popular? ¿Cuánto de la violación de los llamados "contratos electorales", una norma que inexplicablemente insistimos en considerar anomalía, se vincula con esos esquemas de corrupción?

La segunda traición al voto llegó de una amplísima mayoría del Congreso que, con un pase de magia, devino de aliada del Gobierno en oposición y que convirtió el malestar social por la corrupción y la recesión en un causal de juicio político muy diferente: el maquillaje de las cuentas públicas en que Dilma había incurrido tanto como todos sus antecesores cercanos.

La Presidenta fue destituida en agosto del año pasado a través de votaciones en el Congreso que, si no fueron estrictamente un golpe de Estado por haberse ajustado a los ritos legales, sí constituyeron una conspiración política enorme y una muestra inédita de impudicia. Decenas de diputados y senadores manchados por la corrupción hasta las cejas votaban por la remoción a voz en cuello, indignados, según decían, por la decadencia moral de la república.

La tercera violación de la voluntad popular podría, en teoría, consumarse en estos días. Temer puede estar gravemente implicado en casos de corrupción, puede ser un hombre terminalmente impopular, puede haber llegado al palacio del Planalto a través de un complot del que fue protagonista excluyente y puede resumir todas las calamidades que los brasileños adjudican hoy a "los políticos"; sin embargo, tiene, todavía, un vestigio (lejano, por cierto) de legitimidad: fue votado como figura de reemplazo.

Sin embargo, mientras la Procuración lo acorrala con acusaciones de corrupción y obstrucción a la Justicia más que verosímiles, su peligro inminente es la posibilidad de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) lo destituya por la presunta financiación irregular de la campaña de 2014, confesada por los delatores de Odebrecht. En la causa, presentada apenas se conoció el resultado por Neves, el "socialdemócrata" (conservador) perdedor de esa contienda y que hoy responde por la recepción de una coima en un maletín que la Policía Federal rastreó con un chip, se alegó que esos recursos en negro dieron a Dilma y a Temer una ventaja injusta, lo que les permitió abusar de su poder para ser reelegidos.

Es probable que eso haya sido así... pero lo mismo cabe a la abrumadora mayoría de los políticos que se presentan a las urnas en Brasil, Neves incluido. La ley brasileña pena esos delitos con la destitución y el propio TSE ya actuó de ese modo con alcaldes y hasta gobernadores. Pero lo legal no impide hacer una evaluación conceptual: ¿qué salto argumental permite afirmar que contar con fondos con fuera de lo declarado da a una fórmula una ventaja total e inapelable en una elección y que eso justifica revertir un resultado e ignorar, en definitiva, la voluntad popular?

A la critarquía que impera en el Brasil de hoy no se le ocurre sancionar esa corruptela de otro modo. Ante el problema que se le presenta, en verdad complejo, opta por considerar al ciudadano como un ser pasivo, ciento por ciento receptivo a los estímulos publicitarios. Un incapaz, en definitiva.

El optimismo reinante ayer en el Gobierno sobre una absolución en el juicio electoral en curso tenía bases sólidas. No considerar las delaciones de los exejecutivos de Odebrecht por ser posteriores al inicio del proceso parecía la posición predominante en el TSE, aunque eso implique cerrar los ojos ante una pistola humeante que todos ven. Curioso: el mismo tribunal había autorizado en su momento esa ampliación de pruebas.

Con todo, en un sentido, no importa si el tribunal finalmente remueve o no a Temer: que todo un país esté en vilo ante esa mera posibilidad da cuenta de la enorme creatividad del poder brasileño para arrojar a la basura, todas las veces que le resulte conveniente, la voluntad del pueblo.

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