Una de las modificaciones contempla que «cada empresa contratada por el Estado tendrá como obligación subcontratar o ceder, como mínimo, 30% de sus trabajos a firmas de menor envergadura». En referencia a la adjudicación directa, Mirkin señaló: «La Ley Provincial Nº 5.854 permite este mecanismo. Se hizo un concurso de precios, invitando a todas aquellas empresas que cumplían con la capacidad requerida para este emprendimiento. Estas empresas están inscriptas en el registro de contratistas del Estado y tienen antecedentes en el Instituto Provincial de la Vivienda».
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