Vecinos y productores de El Bolsón alertaron por el impacto ambiental y económico que está teniendo para el lugar la toma, desde hace tres meses, de unas 60 hectáreas de una reserva forestal ubicada a unos cinco kilómetros del centro del casco urbano. La ocupación, en una zona conocida como Loma del Medio, la están realizando alrededor de 160 familias que ingresaron a esos terrenos en reclamo de viviendas. La preocupación se debe, además de la ilegalidad de hecho, por el daño que se está produciendo a un bosque natural. Ese predio se considera como la tercera reserva mundial de cipreses.
“Desde que se inició la ocupación está cortado el ingreso pero sabemos que se están talando árboles, limpiando el terreno para construir y prendiendo fuegos para soportar el frio o cocinar, con el riesgo que eso genera en un lugar como ese en épocas de sequías” explicó José Luis Ortega, vicepresidente de la Asociación de productores de El Bolsón e integrante de un grupo de vecinos autoconvocados en rechazo de la usurpación. Desde la entidad consideran, de todas maneras, que el conflicto se origina en el preocupante el déficit habitacional y la escasa inversión en viviendas sociales en los últimos años. También se remarca sobre el abandono de los bosques nativos y los bienes públicos.
La toma se inició a mediados de agosto, cuando unas 30 familias ocuparon parte de dos predios de la reserva natural en el Mirador del Azul y Cabeza del Indio, en el corazón de uno de los principales ligares turísticos del lugar. Días más tarde, se sumaron al asentamiento 130 familias más. El lugar pertenece a Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Fue este organismo el que hizo la denuncia judicial y que llevó a la fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, a pedir el desalojo, tras una primera intervención en la que había negado la usurpación por considerar que no había delito por no haber violentado alambrados o cualquier elemento que evitara su ingreso. Ante la presentación realizada por la funcionaria, el juez federal subrogante, Gustavo Zapata, se negó a desalojar a los ocupantes. Asimismo, ordenó a la Municipalidad que en 20 días otorgue viviendas para los ocupantes e instruyó a la policía aeroportuaria que se apostara en la entrada del camino para no dejar entrar vehículos. El gobierno local presentó un recurso de amparo ambiental ante el juez civil de El Bolsón, Marcelo Muscillo, quien dictó la medida de no innovar, la cual a simple vista no es acatada por los ocupantes.
Esta decisión fue cuestionada por el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, por considerarla “peligrosa y alarmante”. El problema que es que la indefinición judicial y la falta de acciones concretas tienen al conflicto en un atolladero legal pero, mientras tanto, no se tomaron medidas para evitar que se siga produciendo daños en esa reserva.
Además del tema ambiental, el sector turístico de la zona – una de las principales actividades económicas – ven con preocupación el impacto económico que tendrá para esta temporada una ocupación de tierras en una de las principales atracciones. Los accesos están cortados y son los propios ocupantes lo que controlan el ingreso y egreso del parque.
A diferencia de otras usurpaciones de la región, no hay un planteo de pueblos originarios sino de un tema habitacional. Los vecinos del lugar vinculan al hijo del ex intendente de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernández, como unos de los impulsores de la toma ya que estuvo junto a las familias ocupantes durante los primeros días de la usurpación. También se señala al piquetero Juan Grabois como uno de los impulsores de este asentamiento. El dirigente salió públicamente a respaldar la decisión tomada por estas familias.
El intendente Pogliano llamó la atención por el nivel de organización y apoyo que tenían los ocupantes y denunció que, por las redes sociales, se estaban poniendo a la venta los terrenos ocupados.
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