Graciela Ruata de Leone, la jueza subrogante de Pico Truncado que investiga el asesinato de Sayago, ya dictó la prisión preventiva a siete personas bajo los delitos de coacción agravada y homicidio doblemente calificado. El pasado 7 de marzo procesó a las primeras personas. Se trata de Juan Pablo Bilbao, Alexis Pérez, Darío Catrihuala y Ramón Cortez. En tanto, el 26 de ese mismo mes, la magistrada procesó a Pablo y Carlos Mansilla y a José Enrique Rosales, a los que la jueza también les embargó bienes por $ 40 mil. Por otro lado, Rubén Bach, Daniel y Néstor Aguilar fueron procesados por coacción agravada y se les trabó embargo sobre sus bienes por $ 10 mil. Sobreseído En dicha oportunidad, la Justicia ordenó la falta de mérito de otros ocho trabajadores que pertenecían a la empresa Indus, entre ellos Juan Córdoba, Oscar Morales, Mario Bastías, Adrián Saucedo, Ramón Miranda, Avelino Andrade, Francisco Gómez y Juan Barrientos. En tanto, el único sobreseído de la causa fue el trabajador Nelson Méndez, quien ya se encuentra en libertad. En lo que respecta a la audiencia de este viernes, la misma fue confirmada por el abogado Marcelo Fernández, quien tiene la responsabilidad de la defensa de los procesados Ezequiel Pérez y Ramón Cortez. El paso que deberán esperar los letrados es la resolución del juez de Recurso, el doctor Miguel Angel Meyer, dando lugar o no a la posibilidad de apelación, otorgando la libertad de los detenidos por medio del sobreseimiento o bien confirmando el autoprocesamiento. A su vez, existe además un pedido de recusación de la jueza Ruata de Leone a cargo de la abogada Claudia Ferrero, quien tiene la defensa de otros tres procesados y se basa fundamentalmente en un comunicado que emitió la jueza el día 19 de febrero. Este se suma al pedido de Fernández a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para que promueva un jury de enjuiciamiento contra la magistrada.
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