En sintonía con el pronunciamiento público de entidades a nivel nacional, también empresarios e industriales del interior del país exigen al gobierno de Cristina de Kirchner y a los dirigentes del agro una inmediata apertura al diálogo para resolver la extensa puja por las retenciones móviles. La semana pasada, una pionera estocada surgió desde Córdoba. Ahora, en tanto, fue el turno de la Unión Industrial de Entre Ríos, que mostró su «altísimo nivel de preocupación» frente a la continuidad del conflicto, que «no sólo afecta al sector agropecuario, sino que deriva en un daño irreparable que incluye ya a toda la sociedad argentina». «Hacemos un llamado al gobierno nacional para que tenga la atinada actitud de tender puentes y generar un encuentro fraterno», bregaron, además de hacer extensivo el planteo al sector agropecuario. «Señora Presidente: no se debilitará su poder político si actúa con grandeza», aconsejaron. «Es incomprensible que un país que lo tiene todo, llegue a situaciones que sólo puedan ser explicadas desde el capricho, la soberbia y la irracionalidad», enfatizaron también los industriales, además de lamentar «este nivel de desencuentro». Entre Ríos vive además un coletazo adicional de la batalla con el agro, a partir de la tercera renuncia de un funcionario de la gestión de Sergio Urribarri desde el inicio de las medidas de fuerza. En esta oportunidad dio un paso al costado el estratégico secretario de la Producción -y empresario avícola-, Héctor Motta, por -dijo- «razones de índole pública, derivadas del desencuentro entre argentinos al que estamos asistiendo». Hasta el momento, la continuidad de la protesta genera una caída de hasta 30% en los ingresos de las economías regionales de distintas provincias, a partir de la parálisis del campo y el consiguiente impacto sobre los sectores directa e indirectamente ligados al agro.
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En las últimas horas, una toma de posiciones conjunta -de la mano de una solicitada- corrió por cuenta de entidades que representan a la industria, el comercio y la banca a nivel nacional. Allí consideraron que «es demasiado el daño que se le está ocasionando» a la Argentina y convocaron a las partes en el conflicto a que «sin ningún tipo de especulación, y mucho menos semánticas o de falsas percepciones de derrota, se sienten a negociar». Bajo el título «Nadie puede perder si la que gana es la República», la solicitada destacó que «nadie puede negar a los productores el derecho a continuar con movilizaciones y medidas de fuerza, una vez agotada esta nueva instancia de diálogo». Pero evaluó en este sentido que «no se puede convalidar esta situación de parálisis e incomunicación que induce a la crispación social y lleva a un callejón sin salida». La semana pasada, picaron en punta en materia de este tipo de planteos los empresarios e industriales cordobeses, aunque en este caso incluyó además serios cuestionamientos a la Casa Rosada, en sintonía con el perfil crítico asumido en este conflicto por el gobernador mediterráneo Juan Schiaretti. En un documento conjunto, los representantes de la Unión Industrial de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior, la Federación Comercial y la Bolsa de Comercio local criticaron el «modelo de gestión centralizado» y advirtieron que la puja con el agro «reconoce raíces en el progresivo deterioro del rol que a cada poder constitucional le corresponde».
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