“Carnes: faltan diálogo y pluralismo”

El mismo ministro del Interior, Aníbal Fernández, admitió algo que, por otra parte, es ampliamente conocido: cuando el país estaba sumergido en la mayor crisis económica de su historia, en 2002, el campo invirtió mucho dinero que se tradujo en divisas e hizo posible materializar el superávit fiscal que el gobierno nacional exhibe correctamente como uno de sus grandes logros.
La ganadería no es hoy una actividad que interese a veinte familias de privilegiados, como ocurría en la primera mitad del siglo diecinueve, sino que hay unos doscientos mil emprendimientos rurales dedicados a la cría o a la invernada de vacunos. Esas empresas brindan trabajo a un millón de personas. El aumento de los precios de la carne es fruto de que los argentinos consumen más y que la eliminación de la barrera de la aftosa abrió enormes posibilidades en el exterior.
La recomposición de esos precios era esperable desde el mismo momento en que se decidió devaluar el peso y salir de la convertibilidad. El gobierno tiene la obligación de corregir cualquier tipo de distorsión o abuso de parte de los productores, pero teniendo en cuenta la estructura de costos y los intereses de la economía global. Alcanzar una solución equilibrada requiere diálogo y no resulta nada recomendable; para lograrlo, estigmatizar a un sector con calificativos irritantes.
En un país que necesita recomponer su mercado y su Estado, es necesario incentivar la actividad productiva y aceitar los controles fiscales para evitar abusos y evasiones. Pero desalentar la producción de un bien con valor agregado y para el cual el país cuenta con un liderazgo natural es casi suicida.
El proyecto agroindustrial es el único camino posible para que, en el largo plazo, puedan ser superados los problemas sociales de fondo: el desempleo, el subempleo y el empleo en negro, la pobreza y los gigantescos focos de marginalidad urbana.
Desalentar la exportación de carne permite prever, para un futuro más o menos próximo, una producción cada vez menor. En ese marco, el país se podría ver obligado a importar carne de vaca, con precios que, inexorablemente, serán prohibitivos.
Cabe preguntarse, en este punto, cuáles son las razones para concentrar el esfuerzo antiinflacionario en la carne, invocando el derecho de los consumidores argentinos, cuando existen otros productos cuyos precios los hacen también inaccesibles para algunos sectores.
El pescado, por ejemplo, cuesta hoy en el mostrador entre nueve y quince pesos promedio el kilo. Se trata de un producto abundante en nuestro litoral marítimo y, con los mismos argumentos, podría intentarse rebajarlo compulsivamente.
La clave de este problema debe buscarse en la ausencia de un plan agropecuario de largo plazo. La gran transformación que necesita el país pasa por la posibilidad de lograr un fuerte desarrollo productivo con valor agregado y un posicionamiento muy sólido en el comercio internacional.
Es decir, hace falta mirar las necesidades más urgentes de la ciudadanía, especialmente los más castigados por la crisis, evaluar las posibilidades concretas y consensuar un proyecto de país. Será imposible lograrlo sin actitud del diálogo y sin espíritu pluralista.