Corte embargó coparticipación a Tucumán para pagar indemnización

Tucumán - La Corte Suprema de Justicia embargó ayer por casi un millón de pesos en fondos de coparticipación federal de impuestos a Tucumán, para que cubra la indemnización que debe pagarse a un hombre que se accidentó en 1994 mientras viajaba en el tren conocido como El Tucumano.
La decisión fue tomada debido al incumplimiento de una sentencia emitida por el máximo tribunal en octubre de 2000, a favor de Fabián Chaves, quien debe ser indemnizado con 964.000 pesos por daños y perjuicios, a raíz del accidente que sufrió en setiembre de 1994.
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay rechazaron un recurso planteado por la provincia y dispusieron que el Banco Nación retenga la suma y transfiera los fondos a la sucursal del Banco Ciudad, ubicada en Tribunales.
Chaves, quien padece graves secuelas físicas y psicológicas como consecuencia del accidente, requirió ante la Corte la ejecución de la resolución del Tribunal de octubre de 2000, debido a que sólo había percibido un pago parcial de la indemnización.
El tribunal dispuso que la deuda se salde en efectivo y no en bonos, como pretendía el gobierno tucumano, porque «no pueden caber dudas de la situación de desamparo e indigencia en la que se encuentra el interesado».
El hombre padece secuelas que afectan «su capacidad laborativa y que le impiden obtener los recursos económicos necesarios para la subsistencia propia y la de su familia», añadió.
«Resulta innegable que la indemnización fijada como consecuencia de los daños físicos y psíquicos comprobados en el actor, que persigue reparar de manera integral a una persona incapacitada, adquiere en el caso un evidente carácter asistencial», indicó el documento de la Corte.

 Sin bonos

Por ese motivo, el máximo tribunal dispuso en su fallo que la indemnización debe quedar excluida del régimen de pago en bonos.
También entendió que la forma de pago pretendida por Tucumán «frustraría la finalidad esencial del resarcimiento de daños a la integridad psicofísica, que es el cese del proceso de degradación mediante una rehabilitación oportuna, y desconocería el evidente carácter asistencial de la prestación debida».
El hombre beneficiado con el fallo de los ministros actualmente se encuentra sin cobertura social, y tiene pendiente una intervención quirúrgica y un tratamiento psicoterapéutico.
En tanto, desde este diario hubo sendos intentos de comunicarse con funcionarios del gobierno tucumano, comandado por José Alperovich, aunque las negativas a hablar fueron constantes.
La decisión judicial tomó por sorpresa a Alperovich y compañía por la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, que precisamente impide el embargo de recursos.
Generalmente, para el pago de juicios, el Estado provincial entrega títulos públicos como los Consadep. En esta oportunidad, aún no se estableció oficialmente si podrá recuperar los fondos embargados.
El embargo le significará a la provincia la disminución de casi 12% de los fondos diarios que, en promedio, gira el gobierno nacional por transferencias de recursos coparticipables a Tucumán.