Crece tensión por reclamos (en año electoral)

El escenario es seguido con suma preocupación por Néstor Kirchner, ya que complica las posibilidades electorales del PJ en su tierra natal. Tras el éxodo de Cristina Fernández hacia la provincia de Buenos Aires, hoy no tiene un candidato de peso para las elecciones legislativas de octubre próximo. El reclamo que dio inicio al levantamiento de empleados municipales de estos distritos santacruceños apunta a la inclusión en el salario básico de
$ 200 otorgados como suma no remunerativa.
Pero, por su magnitud, las protestas exceden el plano de un mero pedido por sueldos y cobran carácter político, ya que mantienen movilizado todo el distrito de Kirchner, con la adhesión de empleados provinciales. En paralelo, se suma el estallido de una grave puja entre el Ejecutivo local y la empresa pesquera Barillari SA, de Caleta Olivia, que hizo graves acusaciones sobre supuestos pedido de coimas para el otorgamiento de permisos de pesca.
En este marco, Acevedo enfatizó nuevamente este sábado que es «imposible» otorgar una mejora salarial y que «no puede comprometer al pago de la masa salarial 98% de lo que ingresa» a la provincia.
La medida que tomaría ahora el gobernador, según trascendió, sería firmar un decreto por el cual se comprometería a mantener por tiempo indefinido los $ 400 que fueron otorgados en dos sumas no remunerativas de $ 200 -una en 2004 y otra este año-, medida que no daría respuesta al pedido de inclusión de las subas en el salario básico.
Provenientes de Pico Truncado, y probablemente también de Caleta Olivia, hoy llegarán a Río Gallegos los representantes de una Multisectorial municipal, que llevará un petitorio al gobierno santacruceño, pidiendo el aumento del básico. Serán recibidos por el ministro de Gobierno, Roque Ocampo; el subsecretario de Trabajo, Héctor Rojas; y el ministro de Economía, Luis Villanueva. No se descarta la presencia de Acevedo, pero, según fuentes del Ejecutivo, ésto dependerá de la «actitud» con la que lleguen los manifestantes a Río Gallegos. El gobernador ya había dicho que no se sentaría a negociar con el gremio ATE, haciendo mención a «los que cortan rutas» y provocan desabastecimiento.
En paralelo, el empresario Franco Barillari hizo públicas graves acusaciones hacia Villanueva y la subsecretaria de Pesca, Liliana Scioli, a los que acusa de presuntamente pedir coimas para otorgarle permisos de pesca que actualmente se le niegan a esta empresa. «Nos pidieron u$s 1 millón por permiso», aseguró Barillari, según publicó el diario «Tiempo Sur».
En respuesta, Villanueva afirmó que Barillari quiere «ejercer presión» y «chantajear» al gobierno provincial. Esta empresa pesquera -aseguran- es la mayor generadora de mano de obra en la provincia.
En tanto, el senador nacional Carlos Prades (UCR) envió una carta a Kirchner advirtiendo sobre la conflictividad que se vive en el norte santacruceño. «Resulta inminente una extensión geográfica al resto de la provincia e institucionalmente a los demás estamentos de la administración pública provincial», advirtió.