Funcionarios del gobierno nacional deslizaron la responsabilidad en la provincia por la situación social de los aborígenes de Chaco. «Creo que la provincia no acompaña. Tiene que haber problemas internos para que los alimentos no lleguen», dijo la subsecretaria de Políticas Alimentarias de la Nación, Liliana Periotti, durante la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, se conoció ayer que otros dos niños aborígenes murieron por desnutrición. Se trata de una nena toba de tres años y un bebé de tres meses, ambos en el hospital de Juan José Castelli, una de las zonas más castigadas por este flagelo que provocó 21 víctimas fatales.
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La acusación de los representantes del gobierno nacional se realizó en el marco de la audiencia pública convocada por la Corte con el propósito de « requerir y obtener información de las partes demandadas (Estado nacional y provincia de Chaco) por el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, acerca de las medidas de protección de la comunidad indígena que habita la región sudeste de General Güemes y noroeste de Libertador General San Martín de esa provincia.
En el cuarto piso del Palacio de Tribunales, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, junto con Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petrachi permitieron la participación del presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, Orlando Charole, y de Egidio García, quienes hablaron en primer término. «No queremos más papeles. En la realidad, mi pueblo se está muriendo de hambre», les dijo Charole a los jueces. «Me siento muy emocionado porque la Corte ha tomado el tema por primera vez. Es una situación sin precedentes en la Argentina», continuó el representante de los aborígenes, que se llevó toda la atención de la prensa la mañana de ayer en Tribunales.
Sin ayuda
Ante una pregunta de Lorenzetti, Charole respondió: « Niego que exista un plan para ayudarnos. Las localidades están perfectamente ubicadas y se puede llegar», dijo en respuesta a los planteos por parte del gobierno nacional y provincial en el informe entregado a los magistrados. En su presentación, los funcionarios de Roy Nikisch -entre los que se encontraba el ministro de Salud, Ricardo Mayol, y el secretario de Desarrollo Social, Luis Collavino- no pudieron responder qué fue lo que se había hecho desde que la Corte dictaminó la medida cautelar, en setiembre pasado.
Insistentemente, los jueces solicitaron a los representantes de la provincia que expusieran lo que habían hecho, y éstos respondieron con planes y programas que parecía que les costaba traducir a la realidad.
No obstante, el gobernador electo de Chaco, Jorge Capitanich, aprovechó la presunta debilidad del actual gobierno y anunció que decretaría el « estado de emergencia alimentaria y sanitaria» en toda la provincia a partir de su asunción el próximo 10 de diciembre. La medida les fue anticipada por Capitanich a los dirigentes del Instituto Aborigen Chaqueño, quienes prevén que serán recibidos en audiencia por el mandatario electo.
Por su parte, desde la Nación -representada por Periotti, y el secretario de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud, Walter Valle, entre otros- se expusieron fotos en una pantalla que mostraba la llegada de alimentos y asistencia.
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