La Legislatura de La Pampa elevó una nota formal para que Santa Cruz convoque a sesión y concrete el traspaso de la presidencia, que le corresponde asumir desde 2025. La reactivación cobra relevancia ante el avance del proyecto oficial de eliminación de subsidios al gas aprobado en Diputados.
La última sesión del Parlamento Patagónico fue en 2024, por lo que La Pampa pide su reactivación.
La Legislatura de La Pampa elevó una nota formal a su par de Santa Cruz en la que exige la convocatoria a una sesión del Parlamento Patagónico para formalizar el traspaso de la presidencia del organismo, que le corresponde a la provincia pampeana desde el año pasado y que Santa Cruz mantiene congelado desde fines de 2024.
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La iniciativa se inscribe en un contexto crítico porque la aprobación en Diputados del proyecto oficial de eliminación del Régimen de Zona Fría que beneficia a la región y que debe tratar ahora el Senado. Su revitalización convierte al bloque regional más antiguo del país en una herramienta estratégica para la defensa de los intereses patagónicos.
El conflicto institucional se originó a fines de 2024 cuando venció el mandato de la última presidenta del Parlamento Patagónico, la diputada provincial santacruceña Iris Rasgido, quien renunció a su banca para asumir en el Consejo Provincial de Educación.
Desde entonces el organismo quedó acéfalo al no designarse nuevas autoridades ni se convocó a sesiones, pese a que el estatuto establece una rotación sucesiva de la presidencia entre las seis provincias que integran la región -La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego- con mandatos de dos años. Le correspondía a La Pampa ejercer la gestión entre 2025 y 2027.
"Necesitamos que la anterior presidencia, ya con mandato vencido, convoque a una sesión del Parlamento Patagónico solo para hacer la cuestión formal del traspaso", explicó a la prensa la diputada pampeana María Luz Alonso, presidenta de la Comisión del Parlamento Patagónico en la Legislatura de La Pampa. La formalidad del traspaso incluye detalles institucionales, como la entrega de actas, documentación y las banderas del organismo regional. "No podemos hacer el traspaso de facto", remarcó Alonso, quien adelantó que buscarán el apoyo del resto de las legislaturas patagónicas para presionar en conjunto por la convocatoria.
El Parlamento Patagónico fue creado en 1996 mediante el Tratado Fundacional de la Región de la Patagonia, firmado en Santa Rosa por los gobernadores de las seis provincias. Su nacimiento se inscribe en la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 124 habilitó a las provincias a "crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines".
Se trata del primer cuerpo legislativo regional de la Argentina y, aunque no tiene facultades para dictar leyes ni reemplaza a los legisladores provinciales, constituye un espacio clave para el debate democrático de problemas comunes y la elaboración de propuestas conjuntas.
La parálisis del organismo -denominado "fantasma" por algunos observadores- no es nueva. A lo largo de su historia, el Parlamento sufrió intermitencias en su funcionamiento aunque mantuvo una actividad estable durante años.
No existe un edificio propio ni sus miembros perciben dietas: en cada Legislatura patagónica funciona una comisión especial cuyos integrantes son elegidos para representar a la provincia. Las reuniones anuales deben rotar de sede, aunque en más de una oportunidad se realizaron en Buenos Aires por los problemas de conectividad que afectan a la región.
La urgencia pampeana por reactivar el bloque regional adquiere una dimensión adicional en el actual escenario político. El gobierno de Javier Milei logró la media sanción en la cámara de Diputados de un proyecto de ley que elimina el Régimen de Zona Fría para las provincias, restringiendo el subsidio al gas a hogares que acrediten ingresos iguales o inferiores a tres canastas básicas totales.
Si bien la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna mantendrían el beneficio pleno, "la medida profundiza la necesidad de un frente común patagónico para defender los intereses regionales ante decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo nacional", se señaló.
Desde Santa Cruz, sin embargo, la respuesta pareciera estar en camino. La Cámara de Diputados de esa provincia recibió la nota formal pampeana y, según trascendidos de la última semana, se estaría trabajando para concretar el traspaso.
Fuentes de la Legislatura santacruceña indicaron que se busca "regularizar las autoridades y actividades parlamentarias" de acuerdo con el reglamento vigente, considerando el tiempo transcurrido sin convocatoria a sesiones y el vencimiento del periodo de las autoridades actuales.
La reactivación del Parlamento Patagónico no responde únicamente a una cuestión institucional interna. En agosto de 2025, aunque en rigor no hubo sesión, legisladores de las seis provincias patagónicas firmaron un duro comunicado conjunto en el que señalaron que la Casa Rosada llevaba adelante una "demolición planificada del desarrollo federal" y una "estrategia deliberada de reconfiguración del Estado que socava los pilares del federalismo, la soberanía nacional y el desarrollo equitativo de las regiones".
El documento, difundido el 4 de agosto pasado, expresa el "categórico repudio" de las y los diputados del Parlamento Patagónico a la política de "desarticulación estatal y transferencia regresiva de recursos" impulsada desde Casa Rosada.
Entre las medidas denunciadas figuraban la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como el cierre de sucursales del Banco de la Nación Argentina.
"No constituye una mera reforma administrativa. Se trata de una decisión de profundo calado político que desmantela organismos de rol estratégico, esenciales para la infraestructura, la logística y la investigación aplicada que vertebran la cohesión territorial y productiva de la Nación. Estas instituciones representan la manifestación concreta de la presencia del Estado Federal en la articulación de políticas públicas fundamentales, cuya eliminación condena a regiones como la Patagonia, históricamente dependientes de la inversión y la coordinación central, a una mayor marginación y vulnerabilidad estructural", advirtió el texto.
El comunicado destaca de manera particular la eliminación de subsidios específicos para el gas en zonas frías, que "ha provocado un incremento desproporcionado en los costos energéticos para los hogares y actividades económicas patagónicas, incidiendo directamente en la inflación regional y la capacidad adquisitiva de la población en un contexto climático de extrema severidad".
También denuncia "la interrupción abrupta de la obra pública a nivel nacional, sumada al incumplimiento sistemático de la Ley de Combustibles en lo que respecta a la afectación de recursos para infraestructura vial —fondos que se recaudan, pero no se invierten—", lo que evidencia, según los legisladores, "una maniobra de desfinanciamiento intencional de las provincias y de los organismos viales, comprometiendo la seguridad y la conectividad regional".
La propuesta de privatización o liquidación de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino es calificada como "un ataque a la integración territorial y a la cohesión social, condenando a numerosas comunidades al aislamiento y a la dependencia de servicios privados de acceso restringido y mayor costo" en una geografía "vasta y dispersa" como la patagónica. El texto también menciona el "riesgo" que implica la intención de privatizar la Sociedad Anónima creada en la Empresa de Bandera YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio), que pondría en peligro "la soberanía territorial, y el trabajo de miles de familias".
Además, los legisladores patagónicos expresaron su rechazo a los recortes en universidades nacionales, a las reformas laborales que "profundizan la precarización de las relaciones de trabajo", y a los vetos presidenciales a leyes de carácter social como la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, la moratoria previsional y la movilidad jubilatoria. "Apoyamos la educación pública y el desarrollo de nuestras Casas de Altos Estudios con la bandera de la igualdad de oportunidades y la justicia social", señalaron.
La reactivación del Parlamento Patagónico enfrenta desafíos que van más allá del trámite institucional del traspaso. El contexto político nacional, marcado por la confrontación entre el Gobierno y las provincias, y la fragmentación partidaria de la región -por la coexistencia de gobiernos de distintas fuerzas- pueden dificultar la construcción de agendas conjuntas.
Sin embargo, el intento de eliminación del Régimen Zona Fría y otras medidas de ajuste que impactan en la Patagonia podrían funcionar como catalizadores para unificar posiciones.
"El Parlamento nació con la idea de tener una representación plural de las distintas Legislaturas. Este tipo de mecanismos de intercambio de ideas políticas son saludables para la vida democrática. Sobre todo en una región, como la Patagonia, que tiene características e intereses comunes y un extenso territorio. Debatir, aunar políticas y deliberar es muy positivo así que, si está en el freezer, ojalá que pronto se lo saque porque son tiempos en que hacen falta mecanismos de diálogo y no solo de confrontación", señaló el abogado constitucionalista Hugo Prieto, exconstituyente de 1994 y uno de los impulsores de la creación de las regiones en la reforma constitucional, durante una entrevista.
La próxima semana será clave porque si Santa Cruz convoca a la sesión de traspaso, La Pampa asumirá la presidencia de un organismo que, con casi tres décadas de historia, buscará volver a ser la voz institucional de una región que, una vez más, siente que sus intereses están en juego en Buenos Aires.