23 de marzo 2005 - 00:00
Cumbre de provincias por ley fiscal ya tiene fecha: 31 de marzo
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desarrolladas, que suelen
ser las más endeudadas», disparó.
Otro funcionario, contundente, dejó en claro esta postura. «Estamos bastante golpeados como para seguir con estupideces: creer que se pueden priorizar cantidad de habitantes o monto de aportes, en desmedro de jurisdicciones castigadas, es de una miopía total», dijo. «Si este escenario no se da, el primero de abril estaremos diciendo: Qué lástima que no se garantizó el federalismo», concluyó.
Cita
El nuevo encuentro Nación-provincias (el segundo, tras la presentación en sociedad del consejo, el 31 de enero pasado) será el próximo 31 de marzo a las 15, en el noveno piso del Palacio de Hacienda, según la invitación cursada a sus pares del interior por el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
Allí la agenda contempla discutir el acta de integración formal del consejo federal y su reglamento y sede de funcionamiento, entre otros aspectos.
Pero la discusión mayor se dará en torno a la conformación del comité de ocho provincias.
Según fuentes provinciales, la propuesta de la Secretaría de Relación con Provincias del Ministerio de Economía es que, además de «las tres grandes», los cinco escaños restantes sean cubiertos por un representante de cada región del país.
«Pero hay que ver cómo se regionaliza el país, y cuál es el representante designado por cada región», aclaró un ministro consultado ayer por este diario. «No es lo mismo un comité integrado sólo por justicialistas, que otro donde haya una adecuada participación radical», aportó otro funcionario.
Receloso, un ministro de la otra punta del país recordó que durante las calientes discusiones -hoy congeladas- en torno a una nueva ley de coparticipación, «había sensación de malestar permanente, porque la letra chica puede dar lugar a interpretaciones rarísimas».
En este marco, algunas fuentes provinciales no descartaron que el cónclave del 31 de marzo pueda ser aprovechado por algunos distritos para plantear -en términos no técnicos, sino ya políticos- la necesidad de que haya condiciones más flexibles para la firma del anteriormente denominado Programa de Financiamiento Ordenado -hoy, Convenio Bilateral-, destinado a refinanciar con asistencia nacional los vencimientos de deuda locales.




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