La Rioja - El Gobierno de La Rioja auditará a la empresa concesionaria de la distribución de agua potable y designará a un representante para fiscalizar la administración de los recursos de la compañía, medida similar a la implementada recientemente por los gobiernos de Mendoza y Catamarca sobre las empresas de agua local.
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El Gobierno de Luis Beder Herrera condicionó una asistencia financiera excepcional solicitada por la empresa Aguas de La Rioja «en la medida en que se asegure la gestión eficiente y eficaz de los recursos».
Para ello, el Gobierno provincial ha pedido a la concesionaria «la creación en su estructura, de una dependencia administrativa con funciones de disposición de los recursos financieros de la concesionaria, la que deberá estar a cargo de una persona a propuesta por la provincia».
También se dispuso realizar una auditoría general a cargo del Ente Único de Control de Privatizaciones (EUCOP), que comprenderá, además del presente año, los últimos tres ejercicios comerciales cerrados.
En cuanto a la auditoría general, el EUCOP podrá solicitar la participación de los organismos técnicos del Estado -que serían la Unidad de Control Interno (UCI) creada por el Gobierno cuando asumió Beder Herrera y la Secretaría del Agua-, quienes deberán prestar la asistencia necesaria.
Las conclusiones de esta auditoría serán puestas en conocimiento y consideración de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El servicio que presta la empresa Aguas de La Rioja es monitoreado por el Gobierno de Beder Herrera desde el comienzo de esta gestión, y en los últimos tiempos habría generado preocupación la falta de inversiones y la calidad del servicio.
La decisión del Ejecutivo provincial se basa en los reiterados adelantos financieros requeridos por la empresa a la provincia «para mantener la calidad y la habitualidad en la prestación del servicio público de agua potable y cloacas a su cargo».
La concesionaria argumenta que atraviesa dificultades financieras que le generan inconvenientes operativos para solventar la regular prestación de los servicios concesionados.
Para el Gobierno, las asistencias financieras deben revertir carácter excepcional, ya que «es la misma empresa concesionaria la que debe maximizar la eficiencia en la gestión de los recursos económicos y financieros propios de giro de su actividad, a efectos de prestar normalmente y con calidad los servicios públicos encomendados».
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