Santa Cruz - Teñida por una salvaje interna gremial, se agrava la revuelta petrolera en la provincia natal de Néstor Kirchner por reclamos salariales, que paraliza la producción del sector. La extorsiva medida por tiempo indeterminado, que hoy cumple 16 días, incluye la toma de dos plantas de YPF (que sufrieron graves destrozos y varios derrames de petróleo), el congelamiento de las tareas en yacimientos y piquetes en rutas (ayer bloqueaban la Ruta Nacional 3, en la entrada a Río Gallegos). En paralelo, genera pérdidas millonarias. De no prosperar las hasta ahora fallidas negociaciones llevadas adelante en Buenos Aires -en las que intervienen el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y su par de Planificación Federal, Julio De Vido-, los dirigentes del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz amenazan ahora con dejar sin gas a la localidad de El Calafate, imán del turismo internacional y sede de la aséptica residencia de descanso del matrimonio Kirchner. La embestida es protagonizada por el titular del sindicato, Héctor «Chaco» Segovia, quien tradicionalmente se mostró cercano a Balcarce 50, pero que no dudó en disparar días atrás el copamiento de la planta de YPF en Pico Truncado, horas antes del desembarco de la Presidente en esa ciudad para encabezar un acto de obra pública junto con el gobernador justicialista Daniel Peralta. Luego ordenó tomar también la planta de esa empresa en Cañadón Seco. En rigor, el conflicto está claramente teñido por una virulenta interna gremial, que se dirimirá el próximo miércoles, y en la que Segovia se jugará la continuidad en el cargo. Según lo dictan -al menos hasta anoche- los acontecimientos, al menos parte de la Casa Rosada parece haberle soltado la mano, al no destrabar soluciones que en otras épocas sí llegaron con mayor rapidez. Según dicen, incluso De Vido habría plantado a Segovia el pasado viernes en Buenos Aires al negarse a mantener un supuesto encuentro previamente acordado. Sin diálogo Anoche, desde el sindicato admitían que el diálogo está «cortado» desde ese día, y que no creían en la posibilidad de llegar a un entendimiento hasta después del miércoles, jornada en que se concretarán las elecciones internas del sindicato. «Si es que se hacen», arrojó intriga uno de los dirigentes del actual oficialismo, que se deberá enfrentar a otras cinco listas. Los petroleros -que ahora denuncian una ola de despidos por parte de distintas empresas- reclaman una suba del salario mínimo de 19,5%, el pago de ítems salariales supuestamente adeudados y la reincorporación de despedidos. Con esas consignas bajo el brazo, ya causaron un grave impacto en la producción del sector, que se mide -según fuentes empresariales- en 5.870 pozos (entre productores e inyectores) paralizados y en 82.000 metros cúbicos de petróleo sin inyectar (parte de este crudo va para la Refinería La Plata), lo mismo que 14,4 millones de metros cúbicos de gas sin inyectar al Gasoducto General San Martín. Los copamientos de las plantas de YFP en Pico Truncado y Cañadón Seco, además, provocaron graves daños en las instalaciones y severos derrames de petróleo, que no lograron aún ser mensurados por la intransigencia gremial. La rebelión -afecta los puestos de trabajo de 6.000 personas- impacta de lleno también en las arcas de la provincia. Según Peralta, el distrito dejó de percibir ya al menos u$s 3 millones en regalías. En un marco de extrema tensión, rige una orden de desalojo -del Juzgado 1 de Caleta Olivia- de las tomadas plantas de Pico Truncado y Cañadón Seco. Sin embargo, hasta anoche no se había hecho efectiva.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dejá tu comentario