Los problemas de financiamiento que padece buena parte de los gobernadores se derraman sobre los intendentes, que ya no encuentran en muchos casos contención en las administraciones provinciales y se vuelcan en sus reclamos de fondos hacia la Casa Rosada. No obstante, una encrucijada los complica, como a los mandatarios: la de mantener una buena sintonía con la Casa Rosada o potenciar el alineamiento que ya muchos jefes comunales de todo el país con la protesta del sector agropecuario en contra de las retenciones a los granos. En rigor, este contexto de crisis pone en peligro las economías locales, que dependen fuertemente de la actividad agropecuaria. Por caso, en la provincia de Córdoba, los intendentes del PJ se atreven a respaldar al gobernador Juan Schiaretti, hasta el momento uno de los pocos mandatarios con una postura coincidente con la de los ruralistas y crítica al gobierno nacional. Una realidad acorde con el resultado de las elecciones de setiembre último, en las que el mandatario justicialista logró una ajustada victoria gracias al voto del electorado del interior de la provincia, justamente donde se encuentran reclamando los chacareros más combativos. En este marco, anoche los 237 intendentes y jefes comunales del PJ mediterráneo elevaron un documento a favor del campo y pidieron que Córdoba esté en la mesa de negociaciones. En la reunión con el gobernador, le dieron, además, un sólido y general respaldo al mandatario. Uno de los impulsores del documento, el intendente de Oncativo, Osvaldo Vottero, enfatizó que «el gobierno nacional hasta ahora no ha tenido predisposición a consensuar un acuerdo para superar el conflicto». «Como es un problema ligado a los agroalimentos, el sector más dinámico que tiene la economía de Córdoba, creemos que el gobierno provincial debe estar sentado en la mesa de negociación», agregó. Asimismo, el pasado domingo, Coninagro realizó una asamblea multitudinaria al costado de la ruta en Tortugas, provincia de Santa Fe, con la presencia de intendentes de Santa Fe y de Córdoba. Entre otros, estuvieron los jefes comunales de Cruz Alta, Leones, Marcos Juárez y General Roca. En tanto, ayer el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, mantuvo una reunión en Armstrong (Santa Fe) con un centenar de intendentes y legisladores provinciales, que fue presidido por el anfitrión Fernando Fischer. En esta línea, Buzzi no dejó pasar la oportunidad de destacar este tenso dilema que enfrentan los intendentes y resaltó la fisura que se observa en el peronismo. «El gobierno nacional se ha encontrado una complicación adicional: además del reclamo del sector agropecuario, ya son cada vez más los dirigentes políticos de su propio partido que deciden estar con la gente, en lugar de seguir con la obsecuencia silenciosa. Intendentes, jefes comunales, legisladores y gobernadores empiezan a decir basta a la obligación de inclinarse ante la chequera de la Casa Rosada», afirmó en un acto que encabezó en la localidad de Santa Teresa, sobre la Ruta 90. Sin embargo, esa dependencia sigue más vigente que nunca. Por caso, en Mendoza, los intendentes salen a buscar dinero en la Rosada por la baja de la recaudación. Los recursos gestionados se destinan a sostener la obra municipal y comprar equipamiento.
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En este reclamo no importa el signo político: se alcanza a los peronistas Alejandro Abraham, Adolfo Bermejo o Rubén Miranda, al radical Víctor Fayad, al concertador Alejandro Cornejo, al justicialista cada vez menos concertador Omar Félix, o al demócrata Omar Parisi. Es que en el gobierno nacional funciona una Secretaría de Municipios, del mismo rango jerárquico que la Secretaría de Provincias, que ofrece planes para intendencias y convocatorias a reuniones a las que se invita a las 2.200 comunas del país «sin distinción de signo político», según confirman los jefes comunales mendocinos opositores u oficialistas. La tendencia es a que -en los departamentos- las comunas atiendan los gastos corrientes (sueldos y servicios) y la provincia de Mendoza y la Nación los gastos de capital (obra y equipamiento). Agravando esta dificultad en las cuentas públicas, las comunas ven cada vez más deteriorada su economía local debido a la disputa que mantienen Nación y los ruralistas. Sin embargo, los intendentes deben apoyar el reclamo de sus gobernados -en el caso de las comunas rurales-, ya que el agro es el motor de la producción en sus ciudades. Por caso, otro de los distritos que reflejan esta realidad es San Luis, donde ayer unos 20 intendentes puntanos se manifestaron en apoyo al campo. En Tilisaro, firmaron un documento donde le solicitan al gobierno nacional la formulación de una política agropecuaria a largo plazo. Asimismo, se pronunciaron por la inmediata reiniciación del diálogo con la finalidad de alcanzar los consensos necesarios que ayuden a resolver el problema que hoy atraviesa el sector agropecuario.
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