La nueva Constitución limita la participación del poder político en la designación y remoción de los jueces. Antes a los jueces los designaba discrecionalmente el Poder Ejecutivo, ahora la nueva norma establece el Consejo de la Magistratura, que elevará una terna vinculante para nombrar a los jueces. Lo mismo ocurre con el Jury de Enjuiciamiento, que representa una limitación al poder político que antes estaba concentrado en el Parlamento. A su vez se establecieron controles precisos al Poder Ejecutivo con la incorporación del Tribunal de Cuentas a la nueva norma. Este establecerá controles previos, concomitantes y posteriores a todos los actos administrativos del Poder Ejecutivo. Asimismo aparece la figura del defensor del pueblo. La nueva Constitución implica un significativo adelanto para Tucumán, no sólo por la eliminación del sesgo autoritario de la Constitución de 1990, sino también por la adecuación de su texto a la Constitución nacional y la inclusión de nuevas instituciones, derechos y garantías. Derechos reconocidos Se reconocieron derechos tales como los de los pueblos originarios, de los discapacitados, de los usuarios y consumidores, derecho a la salud integral y gratuita, a los medicamentos, a un medio ambiente saludable, a 13 años de educación obligatoria, adhesión a todos los tratados de derechos humanos, a la igualdad real de oportunidades por medio de medidas de acción positiva, la incorporación del hábeas data y extensión de los supuestos de hábeas corpus. Por otro lado, se reconoce la autonomía a los municipios, tal como lo prescribe la Constitución nacional. Este punto implica también un importante adelanto como una forma de impedir la concentración de poder en cabeza de una sola persona.
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