El compromiso de bajar el rojo fiscal provincial entre 40% y 60% fue acordado en febrero pasado entre los gobernadores y el presidente Eduardo Duhalde, y durante el año se firmaron los distintos acuerdos bilaterales. Con el transcurso de los meses, la situación fiscal de las provincias fue mejorado merced al default, la devaluación y la inflación y, según explica un informe la consultora Delphos, este marco permitió que las cuentas públicas provinciales mejoraran sin necesidad de que los gobiernos realizaran reformas administrativas. El trabajo de Delphos indica que la mayor parte de las provincias mejoró en el plano fiscal, pero alerta ante dos riesgos: el deterioro generalizado de la situación social y la tentación de utilizar recursos públicos para hacer campaña. Las seis provincias que según la consultora no podrán cumplir con las metas establecidas en el Pacto Fiscal son Córdoba, cuyo gobernador José Manuel de la Sota se encuentra de campaña por la precandidatura presidencial; Tucumán, Entre Ríos, San Juan, La Rioja, Formosa; todas ellas, muy complicadas no sólo en lo económico, sino también en los planos político y social. El informe señala que, si bien Buenos Aires y Santa Fe no estarían cumpliendo con el acuerdo aún, «están muy cerca de hacerlo y es probable que lo hagan con algunos ajustes menores en sus cuentas». El resto «cumpliría sin mayores dificultades». Resaltan los resultados de las jurisdicciones de las provincias con regalías por la extracción de petróleo o gas, como Neuquén, Mendoza y Santa Cruz -esta última, no adherida al pacto-, las cuales aumentaron sus ingresos en este ítem más de 35%, y la mayoría dejó de pagar parte de los intereses de su deuda. Basta citar que Neuquén pasaría de un déficit de $ 109 millones en 2001 a un superávit de $ 400 millones en 2002, y Santa Cruz pasaría de un rojo de $ 72 millones a un superávit de $ 116 millones, habiendo aumentado el gasto primario en $ 260 millones. Las diez provincias que cuentan con este tipo de regalías lograron en total una variación absoluta de $ 904 millones en comparación con 2001, lo cual implica un aumento promedio de 16,4% en la incidencia sobre los ingresos (en Neuquén sería de 38,2%, en Chubut de 38% y en Santa Cruz de 36,2%).
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Con respecto a la pesificación y el default, durante el año 2001 las jurisdicciones pagaron alrededor de $ 2.400 millones en intereses de la deuda, pero este año sólo pagarían la mitad de esa cifra. En total, las provincias pagaron durante los primeros 6 meses del año intereses por $ 359 millones, cuando en 2001 fueron $ 1.120 millones en igual período. Por caso, Buenos Aires, en el primer semestre de este año, pagó sólo 22% de intereses que había desembolsado en el mismo período de 2001.
Aun así, la deuda provincial está siendo canjeada con un bono a cargo del Estado, en pesos, a plazo de 16 años con 3 años de gracia para la amortización del capital. A partir de entonces, se pagaría en 156 cuotas mensuales crecientes. La tasa de interés sería de 2% anual, que se capitalizará hasta el 4 de setiembre de 2002 y sería pagadera mensualmente.
El tercer hecho que mejoraría los resultados de algunas jurisdicciones es la inflación generada tras la devaluación. Si bien durante el primer semestre la recaudación provincial ha caído respecto del año pasado como consecuencia del desplome en el nivel de actividad, durante el segundo semestre esto se ha revertido por efecto de la inflación. El PIB del primer semestre de 2002 fue 14,9% menor al del mismo período del año pasado; la recaudación sería más baja, pero, con el correr de los meses, la inflación que se iba acumulando fue compensando y luego superando este efecto. Buenos Aires vale también como ejemplo, ya que su recaudación impositiva podría subir hasta 15% durante este año.
Ranking
Una evaluación sobre situación fiscal, solvencia, social, competitividad e infraestructura de todas las provincias argentinas que realiza Delphos cada seis meses revela a la Ciudad de Buenos Aires en el primer puesto general, seguida por San Luis, que «posee un alto nivel de solvencia e invierte 30% de su presupuesto en obra pública», y Córdoba, que subió desde el octavo puesto y sobre la que la consultora señala que la mejora «no sería sostenible en el mediano plazo si el gobierno no toma medidas para reducir el déficit fiscal».
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