El Gobierno de Mendoza modificó y fijó para este martes el plazo que le había puesto a YPF para que cumpla con las pautas de inversión en los yacimientos de Malargüe y Rivadavia, áreas que ahora están sujetas a revisión por parte del Estado cuyano y que podrían correr la misma suerte que las zonas de Chubut y Santa Cruz, donde los Gobiernos locales rescindieron el miércoles las concesiones otorgadas a la petrolera.
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El mismo camino podría seguir, en tanto, Neuquén, aunque en este caso se trata de una intimación -que vence el martes- sobre las áreas Don Ruiz, Chihuido de la Salina y Rincón del Mangrullo, sin producción ni inversiones comprobables, que no fueron renegociadas en 2008.
Aunque la producción de YPF tanto en Mendoza como en Neuquén es marginal, la embestida alentada por Nación se da en un contexto de compromiso asumido por las provincias de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos, a partir del derecho de los Estados subnacionales sobre los hidrocarburos.
Días atrás, Rolando Baldasso, ministro de Infraestructura del Gobierno de Francisco Pérez, anunció la intimación y amenazó con la rescisión de los contratos en caso de que la empresa «no revierta su política de desinversión», en un plazo de 30 días, que ayer acortó a 7. El miércoles, el Gobierno mendocino había dado otra señal de batalla: intimó a YPF a que diera marcha atrás con el aumento del 6% en los precios a los combustibles del sur provincial.
En simultáneo, ayer otro gobernador de una provincia petrolera, el pampeano Oscar Jorge, se reunió con directivos de Petrobras y les pidió que incrementen la producción en un 15%, y anticipó que el mismo reclamo «naturalmente se lo vamos a hacer al resto de las empresas» de La Pampa, como YPF y Pampetrol.
«De acuerdo con lo convenido en la OFHEPI con el Gobierno nacional, respecto de incrementar la producción petrolera en un 15% por las necesidades energéticas del país, hemos invitado a las 5 empresas que operan en la provincia», destacó Jorge.
Chubut y Santa Cruz retiraron este miércoles las licencias de explotación de 4 áreas de producción a YPF que, en conjunto, representan 7% de la producción de petróleo en Argentina. La sanción responde «al incumplimiento de compromisos de inversión y metas de producción», según el Gobierno de Chubut, que sostiene que su decisión «está de acuerdo con lo establecido por la ley y los procedimientos previstos por la normativa vigente».
YPF, que ya anunció que recurrirá a la Justicia para reclamar el cumplimiento de sus derechos, afirma que van a preservar «los millones de pesos en pozos y en equipos que se encuentran en las dos áreas chubutenses».
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