No hay posibilidad de dar aumentos

En un año electoral, el presidente Néstor Kirchner pone en serios aprietos a varios gobernadores, sin distinguir entre aliados y enemigos, al avalar actualizaciones salariales que luego tienen un correlato conflictivo en el interior. De hecho, los más afines a la Casa Rosada ya se animan a pedir fondos para poder dar aumentos, para evitar el incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la norma que desde este año controla el gasto y el endeudamiento provincial y nacional.Un caso complejo es el del bonaerense Felipe Solá, a quien Kirchner ayuda con una mano
-ayer se firmó el financiamiento federal para deudas provinciales (ver aparte)-, pero perjudica con la otra, al dar pie a un aumento de las protestas de gremios locales, que pretenden un trato equitativo con el de los empleados federales. Buenos Aires «ha destinado mucha más plata que la que teníamos presupuestada para aumentos salariales», aclaró Solá esta semana, a la vez que explicó que «el incremento en la recaudación provincial fue más que compartido» con los trabajadores.
Desde el gremio UPCN aseguran que confían en que habrá nuevas subas salariales en la provincia, pese a que Solá ya destinó $ 1.800 millones más de lo que estaba presupuestado para aumentos en 2005. «Del plus de recaudación nacional y provincial, sumados, alrededor de 60% ha ido a aumento de salarios», continuó explicando Solá, quien el miércoles había graficado que como ya se «quemó con leche» iba a dar «los aumentos que pueda». Subrayó Solá también que «hay una relación entre la población empleada en la provincia, que son 470 mil personas sin contar los jubilados, el salario y el gasto total, que pasa los dos tercios del Presupuesto».
Una situación análoga se se repite en otros distritos. Por caso, en La Rioja, el gobernador, Angel Maza, negocia una asistencia federal por $ 230 millones para otorgar una suba, que sería anunciada hoy. Implicará que el sueldo mínimo en el Estado sea de
$ 500, con un alza de 60% a 80%, según la categoría.
A su vez, en Tierra del Fuego, el gobernador Jorge Colazo dijo ayer que no puede dar subas salariales, pese a la presión en esa provincia por recientes alzas otorgados por las intendencias de Ushuaia y Río Grande.
En Tucumán, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, advirtió que la provincia no está en condiciones de poner en práctica un salario mínimo, vital y móvil de $ 630 como el dispuesto este miércoles para el sector privado, en el marco del Consejo del Salario.
Al decir de este funcionario, sería necesario que Nación envíe fondos para aplicar una medida similar. «Tenemos un acuerdo que debemos cumplir porque las multas serán muy duras para todas aquellas provincias que no respeten el pacto de responsabilidad fiscal. Está claro que si no recibimos el dinero extra, no podremos hacer frente al compromiso», aseguró Jiménez.
Por su parte, en Misiones, el gremio UPCN ya está reclamando que el gobierno de Carlos Rovira convoque a un Consejo del Salario provincial, para elevar el básico de un estatal en $ 230, para llegar a los $ 630 aprobados el miércoles en Capital Federal. Aun así, desde el gobierno misionero ya advirtieron que no están en condiciones de otorgar subas sin complicar las finanzas locales.
En Santa Cruz, los reclamos gremiales también se están extendiendo y estatales municipales y provinciales protestan exigiendo al gobierno de Sergio Acevedo un aumento del salario básico (ver aparte).