Ola ya de amparos contra promoción

El objetivo de las cámaras empresarias y algunos gremios mendocinos es impedir la aplicación del Decreto 1.295 que, en rigor, implica el cambio de objeto de los proye c t o s promocionados en las cuatro provincias beneficiadas, que ahora están habilitadas a diversificar su producción.

Nueve amparos fueron presentados el viernes pasado en el Juzgado Federal de turno de la ciudad de Mendoza, en tanto otro fue recibido en el Juzgado Federal de San Rafael. A su vez, hoy serán presentados en la ciudad de Mendoza otros 4 amparos por parte de la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio de San Martín, la Cámara de la Fruta y el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas de la Argentina.

Desde la firma del decreto, el 18 de diciembre, el clima se revolucionó en Mendoza, en vista de las negativas consecuencias que, según entienden, tendrá la medida para la economía local. Al respecto, el presidente de la Bolsa de Comercio provincial, Jorge Pérez Cuesta, ya alertó al gobernador Julio Cobos sobre los peligros que se presentan, al anunciarle que ya empezó a haber contactos con empresas de Mendoza para «para buscar socios que quieran adquirir carpetas de empresas promocionadas con cupos disponibles», y así aprovechar las exenciones impositivas de IVA, Ganancias y otras cargas en otras provincias.

En paralelo, el gobierno de Mendoza avanza en el reclamo a Nación por un resarcimiento económico de $ 600 millones por los perjuicios que habría ocasionado la promoción industrial en las provincias vecinas. Esta semana, el fiscal de Estado mendocino se reunirá con sus pares de La Pampa y Misiones , provincias que también reclamarán una compensación económica a la Nación.

Desde el lado de los cuatro distritos beneficiados, el gobierno de Catamarca anunció que convocará a las autoridades de La Rioja, San Juan y San Luis para coordinar una estrategia común en defensa del régimen.

Por su parte, los cuatro gobernadores publican hoy una solicitada en medios gráficos nacionales que indica, entre otros puntos, que el decreto «no implica mayor costo fiscal ni beneficio extraordinario» y «evita que las empresas radicadas abandonen sus emprendimientos dejando un tendal de desocupados».