La ciudad de San Juan fue cede ayer de un encuentro de ministros de la Producción y legisladores nacionales de las promocionadas en el cual se redactó un documento que defiende el Decreto 1.295, que extiende los beneficios impositivos; se propicia una próxima reunión de gobernadores de San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca -en esta última provincia-, y se pide una audiencia con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; y el ministro del Interior, Aníbal Fernández.
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A su vez, en el encuentro se instruyó a los legisladores nacionales para analizar la posibilidad de hacer juicio político al juez federal de Mendoza Raúl Acosta, que el 6 de enero pasado hizo lugar a una presentación contra la extensión del régimen de promoción, calificándolo de arbitrario, ilegítimo y de falto de equidad.
Otro punto acordado en el encuentro fue el pedido de anulación del Decreto 1.355 -firmado el 29 de diciembre, pero publicado recién esta semana-, que deroga parcialmente los decretos 804 y 1.125 de 1996, que establecían beneficios para las empresas promovidas que exportaban sus productos. «Mientras estamos dando pelea desde la región para mantener el Decreto 1.295, que nos permite ajustar algunas cuestiones puntuales administrativas, nos enteramos de que desde la Nación se dicta este nuevo decreto que deroga un artículo importante», alertó ayer el ministro de Economía, Jorge Bengolea.
• Preocupación
La preocupación se funda en que, según fuentes de las provincias promocionadas, más de 50% de las producciones regionales promocionadas se está destinando al mercado externo, por lo que la medida podría llevar a la quiebra a un gran número de empresas.
El conflicto entre Mendoza y las promocionadas surgió luego de que el 9 de diciembre Néstor Kirchner firmara el Decreto 1.295, otorgando a las provincias del Acta de Reparación Histórica (San Juan, Catamarca, La Rioja y San Luis) la posibilidad de que las empresas beneficiadas por la promoción industrial amplíen o modifiquen su producción.
Fue entonces cuando el gobierno y el sector privado de Mendoza salieron a reclamar que una supuesta prórroga de la promoción perjudicaría su economía, tras lo cual surgió el mencionado fallo del juez Acosta.
Ante esta situación, las provincias del Acta de Reparación Histórica comenzaron a preparar una contraofensiva judicial que incluso podría terminar en la Suprema Corte. En principio, la encrucijada jurídica se desata a partir de un fallo de ayer del juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo, que ordena a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que aplique los alcances del Decreto 1.295 a favor de la empresa sanjuanina Foderami.
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