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7 de julio 2006 - 00:00

Piden limitar tasa de abasto

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El presidente del Senado, Daniel Scioli, encabezó el encuentro en el que también participaron los senadores Alicia Mastandrea (UCR, Chaco, presidente de Comisión Comercio e Industria), Ernesto Sanz (UCR, Mendoza, presidente bloque UCR), Roberto Urquía (UCR, Córdoba, presidente Comisión PyME) y María Laura Leguizamón (PJ, Buenos Aires), autora del proyecto de modificación de Tasas de Abasto.
«El actual sistema implica una sucesión de aduanas internas que debe ser modificada. Esperemos que esto no termine en un costo extra y que no repercuta en los usuarios y consumidores», dijo Leguizamón. La senadora agregó que el proyecto «tiene un alto impacto en las pymes y seguramente en muy poco tiempo va a encontrar un anclaje total».
En este sentido, Scioli manifestó que se trata «del desafío de aumentar la productividad, así como la reinversión en bienes de capital para las pymes».
 Inversiones
En tanto, el senador Sanz refirió que «las inversiones que dan sustento a largo plazo son las de las pymes y no la de las grandes empresas».
Los empresarios expresaron su apoyo al proyecto de Leguizamón para regular las denominadas Tasas de Abasto que cobran los municipios para inspeccionar el traslado de mercaderías no perecederas.
Estas tasas se aplican actualmente en unos 30 municipios en todo el país, aunque la mayoría son del conurbano bonaerense.
Según los cálculos, esos gravámenes encarecen hasta en 5 por ciento los precios al público.
El proyecto de la senadora Leguizamón, a través de una modificación al código alimentario, intenta algún tipo de limitación a la aplicación indiscriminada.
Los dirigentes empresarios también solicitaron a los senadores la media sanción al proyecto que establece un Régimen Especial de Capitalización mediante el cual podrá deducirse de la base imponible sujeta a Impuesto a las Ganancias el monto de las inversiones por compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital.
Este proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo y aprobado en Diputados, «es sumamente importante para la pyme industrial que, al llegar a su máximo de capacidad productiva, debe resolver el proceso de tecnificación y crecimiento», indicó la CAME.

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