Provincias no consideran abrir cajas de seguridad

La decisión esta semana de un juez de Mercedes de ordenar el embargo de cuatro cajas de seguridad en territorio de Felipe Solá reactivó la polémica en torno a algunas herramientas recaudatorias del subsecretario de Ingresos Públicos Santiago Montoya.

Uno de los planos de los cuestionamientos fue precisamente el judicial, ya que en las últimas horas otro magistrado -esta vez, de La Plata- rechazó ya uno de esos embargos.

Sin embargo, más allá de los riesgos legales que conlleva la medida, a nivel de gestión tampoco los gobiernos provinciales consideran en general que se trate de un recurso que resulte redituable en materia de incremento de la recaudación.

• Percepción

La lectura cobra especial importancia si se tiene en cuenta el especial interés que muestran los mandatarios del interior del país por agudizar el ingenio para incrementar la percepción de tributos provinciales, que los lleva a no descartar cualquier buena oportunidad de sumar más fondos a las arcas locales.

Veamos algunas de las definiciones de los hombres de Hacienda de las provincias:

• En Córdoba, el ministro de Finanzas provincial, Angel Elettore, aseguró que se trata de un recurso poco efectivo y alejado de los « procedimientos» fiscales. «No es efectivo y no me cierra como procedimiento; preferimos la fiscalización a través de la Policía Fiscal», dijo, en declaraciones a la prensa local.

En este marco, el funcionario del justicialista José Manuel de la Sota destacó el «éxito» de las estrategias aplicadas en su jurisdicción, «sin necesidad de tomar decisiones contradictorias», en referencia a la recuperación desde 1999 de alrededor de 890 millones de pesos en mora.

• En consonancia, otro ministro de Economía del Interior que prefirió mantener el anonimato le dijo a Ambito Nacional que el recurso de allanar cajas de seguridad «funciona más desde la espectacularidad que desde la efectividad».

Para ese funcionario, «hay que recuperar la conducta tributaria y la responsabilidad fiscal, pero el mecanismo no es la seducción o el terror». «Con conductas lesivas del interés individual, con espectacularidad de allanamientos, no se llega a ningún lado», advirtió.

Por eso, afirmó, «lo que se debe hacer es corregir el sistema -que tiene desaciertos tanto del sector privado como del público- con un plan a largo plazo».

• Desde una provincia cercana, otro titular de una cartera de Hacienda remarcó que la medida es «más efectista que otra cosa», y que «el problema es que afecta cajas de seguridad que no necesariamente pueden tener dinero, y sí elementos que hacen a la privacidad». «Si hay abierto un proceso judicial por evasión fiscal está bien allanar, pero en forma preventiva decir que se van a abrir cajas es una barbaridad», dijo.

• Una postura más contemplativa asumió, en cambio, el titular de la Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Otero, para quien «la medida analizada en forma aislada no merece ser considerada, pero sí es importante si se la inscribe en el marco de una estrategia para favorecer el cumplimiento voluntario y disuadir la evasión».

El funcionario del gobierno de Aníbal Ibarra destacó ante este diario que «la decisión de Montoya es parte de un trabajo conjunto que en este sentido venimos desarrollando todos los fiscos del país». «Es la primera vez que se converge hacia un mismo objetivo», dijo.

Sin embargo, para Otero, «hay que inducir al cumplimiento voluntario, pero si la estrategia global está basada sólo en medidas coercitivas es insostenible».