Cabe además recordar que los maestros habían adelantado que iniciarían una protesta si se les llegaba a limitar el derecho a huelga. La decisión de no considerar servicio esencial a la educación que se tomó ahora en Buenos Aires quedó establecida en el proyecto de ley de paritarias docentes enviado ayer por el Ejecutivo para que sea tratado en los próximos días en la Legislatura provincial. Solá explicó que la decisión consta en el artículo 18 del proyecto y destacó que «hubo una discusión muy fuerte -con los gremios- y yo decidí no eternizarnos en un debate, si no no se pueden hacer cambios en educación». Igualmente, Solá aclaró que «esto no quiere decir que la Educación no sea fundamental e importantísima, pero la palabra esencial tiene una connotación gremial de marco laboral que los docentes creen que los perjudicaría». Debate Por su parte, al presidir la apertura del debate sobre los contenidos que debería tener la Ley de Educación nacional, en la gobernación bonaerense, el gobernador reiteró que la idea de plantear una proyecto alternativo de Ley de Paritarias «diferente» para el caso de los gremios docentes, fue un reclamo de los trabajadores del sector que querían que la ley «dejara a los gremios docentes como una de las partes y al Ejecutivo como otro, porque por la particularidad del trabajo docente querían una ley diferente». Claro que el Ejecutivo bonaerense dejó firme que no correrán la misma suerte que los docentes los trabajadores judiciales -que están reclamando la discusión de su propias convenciones colectivas-, aunque desligó responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia provincial. «Es difícil que la Corte acepte sentarse en paritarias», aseguró Solá para ilustrar la situación, tras calificar de «compleja» la discusión que reclaman los trabajadores judiciales, uno de los sectores que mantiene más diferencias con la administración bonaerense. Córdoba En tanto, los conflictos sociolaborales siguen a la orden del día en otras provincias. Por caso, en Córdoba se sigue tensando la relación entre estatales y el gobierno de José Manuel de la Sota, que ayer mantuvo su amenaza de apelar al llamado a una conciliación obligatoria para frenar la crisis hospitalaria que afecta a los centros de salud públicos, cuyos empleados se encuentran en estado de asamblea permanente, en reclamo de mejoras salariales. Así lo confirmó ayer el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Juan Schiaretti -De la Sota está de licencia-, quien indicó que hoy autoridades provinciales se reunirán con delegados del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) con la intención de solucionar el conflicto. En caso de no haber un acercamiento, ayer por la tarde consideraban casi un hecho que la administración delasotista pedirá la conciliación obligatoria, a fin de garantizar los servicios sanitarios a toda la población. «No hay por parte de los trabajadores una actitud de normalizar la situación en los hospitales, vamos a pedir la conciliación obligatoria porque no puede un conflicto salarial privar de salud a los sectores más humildes de la provincia de Córdoba, que concurren allí, nos parece que el Estado debe garantizar que haya un servicio básico como el de la salud a los sectores más vulnerables de la sociedad», afirmó Schiaretti. La situación cobra dramatismo y, en ese marco, el fiscal Roberto Matheu tomaba ayer declaración testimonial a Eugenia Molina, una mujer embarazada que denunció haber perdido a su bebé por la supuesta atención inde- bida por parte de los médicos de la Maternidad provincial. A su vez, el fiscal general de la provincia, Gustavo Vidal Lascano, y el ministro de Salud cordobés, Roberto Chuit, mantuvieron ayer una reunión en la que este último presentó nuevas pruebas sobre la denuncia efectuada por Molina, tras el fallecimiento de su bebé. En tanto que hubo otra denuncia por el fallecimiento de un paciente por presunta falta de atención, esta vez en el hospital San Roque.
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