Buenos Aires - Roberto Porretti, el intendente kirchnerista de Pinamar sospechado de haber pedido coimas a los dueños de un complejo bailable, mutó ayer su condición de acusado por víctima, al asegurar que «empresarios de la noche nos han respondido con un ataque» y negó tener vinculación con el hecho por el cual la Justicia le dictó el martes una orden de detención que permanece a la espera de lo que pueda decidir hoy la Cámara de Apelaciones. Porretti evitó quedar preso gracias a un pedido de eximición de prisión presentado por sus abogados, aunque la solicitud fue rechazada por la jueza y la defensa tiene tiempo hasta hoy para insistir ante la Cámara de Apelaciones. En una desprolija conferencia de prensa en la Municipalidad de Pinamar, acompañado por su gabinete y vitoreado por militantes justicialistas, el cuestionado intendente dijo que «hemos generado un cambio en el control sobre los locales nocturnos» y agregó que eso motivó la presunta «operación basura» montada desde el sector empresarial.
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«Yo necesito que las cosas se aclaren», apuntó el mandatario, quien se negó a dar detalles de la causa a pedido de su abogado. El intendente manifestó que los empresarios denunciantes debían pagar un canon por ocupación de espacio público. Según Porretti, los primeros días de enero el municipio le cobró una deuda retroactiva de 220 mil pesos por el uso de una porción de tierra pública que es utilizada por el boliche en la zona limítrofe con Ostende. «Si hubiese algún tipo de favoritismo a estos empresarios, no hubiese tomado una medida que hubiera llenado las arcas de la municipalidad con 220 mil pesos para después salir a pedir una coima o favoritismo de 30 o 90 mil pesos», indicó la defensa del intendente. También dijo que se había firmado un «acta de compromiso de tres reuniones para acordar una relocalización del boliche», lo que demuestra «una directiva de emigrar de este lugar».
Seguirá trabajando
Finalmente, dijo que el 8 de este mes un agente de fiscalización levantó un acta de infracción por ruidos molestos y otras situaciones contra el boliche. Porretti afirmó que no pedirá licencia, que seguirá cumpliendo sus funciones en la intendencia y agradeció «el apoyo recibido por la comunidad de Pinamar, mi gabinete y mi familia». Por su parte, José Ignacio Ochoa, abogado del intendente, pidió «cautela y prudencia» frente al caso de su defendido «por respeto a la sociedad que lo eligió». «El caso amerita tener al menos una cierta cautela y prudencia necesaria por la importancia de estos acontecimientos y los enlaces que pueda tener, ya no por la persona física de quien detenta un cargo de intendente, sino por respeto a la sociedad que lo eligió», afirmó el letrado que defiende a Porretti. El abogado dijo que aún no pudieron tener acceso al video donde supuestamente está acreditado el pedido de coima a representantes del complejo El Alma-Ku, propiedad de Javier Porcolovsky y Miguel Cameroni; defendió la decisión de su cliente de presentarse a trabajar ayer en la sede de la municipalidad y criticó a los concejales que dijeron a la prensa que sería reemplazado «con algún interés y alguna premura por ocupar un cargo que al menos es apresurado».
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