San Luis: denuncian al gobernador Claudio Poggi por malversación de fondos

Acusan al jefe provincial de haber autogenerado una crisis al inicio de su mandato para inculpar a su antecesor en el cargo. La presentación asegura que colocó el dinero para pagar salarios públicos en plazos fijos.

Claudio Poggi, gobernador de San Luis.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, fue denunciado ante la Justicia por malversación de fondos públicos, acusado de haber desdoblado el pago de los salarios de la administración pública provincial al inicio de su gestión, cuando, de acuerdo el Tribunal de Cuentas Provincias y a la Cámara de Diputados local, contaba con el dinero para hacer frente a esas obligaciones.

La presentación ante la Unidad de Abordaje Fiscal de San Luis la realizó el diputado nacional Ernesto Nader Alí, quien se amparó en los artículos 260 y 264 del Código Penal, considerando que Poggi simuló una crisis financiera para justificar un "brutal ajuste", mientras en paralelo colocaba fondos públicos en plazos fijos por cifras multimillonarias.

Denuncia contra el gobernador de San Luis

Alí precisó que, al asumir su mandato, en diciembre de 2023, el actual gobernador puntano decretó la emergencia en la económica aduciendo que no contaba con recursos. En ese marco, se aplicaron medidas como el desdoblamiento del pago de sueldos de la función pública, la suspensión de pago de los certificados de obra y la suspensión del Tratado de la Toma, que garantizaba fondos de la coparticipación a los municipios.

El día siguiente, el 11 de diciembre de 2023 hasta el 26 del mismo mes, la gestión de San Luis efectuó la constitución de 14 plazos fijos en Banco Supervielle, por un monto total de $2.835.996.332, más cinco plazos fijos en el Banco de la Nación Argentina, por un total de $28.751.914.959.

"Además de los plazos fijos mencionados, al 31 de diciembre de 2023 la Provincia contaba con Bonos en el Banco Nación de la Nación Argentina por la suma de $23.797.719.296 y en el Banco Hipotecario, Bonos por la suma de $1.511.633.280, todo ello hacia un Sub-total en moneda argentina de $69.614.406.994", reza la denuncia.

Indica, a la par, que se deben sumar las monedas extranjeras que se encontraban en los Bancos de la Nación Argentina, Hipotecario y Supervielle que, consideradas al cambio oficial del 31 de diciembre 2023, sumaban $23.975.648.010.

Cámara de Diputados de San Luis.

Por entonces, el Tribunal de Cuentas de la Provincia analizó la situación fiscal en el distrito y envió el informe a la Legislatura, donde se aprobó con el apoyo del mismo oficialismo local. De acuerdo al denunciante, "ahí quedó absolutamente claro que la provincia contaba con más de $90 mil millones al inicio de su gestión".

"Quedó absolutamente comprobado que no solo mintió, sino que, en función de los artículos "260 y 264 del código penal, delinquió", lanzó. El legislador señaló que el jefe provincial constituyó 19 plazos fijos entre el 11 y el 31 de diciembre de 2023 con fondos destinados al pago de haberes.

Por eso, en la denuncia se pide que el BCRA, el Banco Supervielle, el BBVA y el Banco Hipotecario, entre otros, libren oficios a efectos de que se "informe el saldo tanto en pesos como moneda extranjera y movimientos de las cuentas bancarias de la Provincia de San Luis en la referida entidad desde el 10/12/2023 hasta la fecha".

"Eso surge del mismo Tribunal de Cuentas de la Provincia donde el oficialismo tiene mayoría, como en la Cámara de Diputados de San Luis. Esas cuentas decían que, en el saldo inicial de su gestión, contaba con $93 mil millones. Lo que puede ser una mentira pasa a ser un delito, porque está tipificado", detalló el diputado Alí.

Sobre este aspecto, comentó que, como consecuencia de los actos del gobernador, "los empleados públicos tuvieron que refinanciar, en algunos casos, sus propias tarjetas de crédito". "Quedó absolutamente probado que contaba con los fondos al comienzo de su gestión, esto dicho por el Tribunal de Cuentes y la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis", disparó.

La denuncia sostiene: "Se encuentra debidamente acreditado que los dineros públicos para pagar los sueldos estaban presupuestados, devengados y programados financieramente para ser pagados en tiempo y forma, por lo cual, al no haberlos efectuado, denunciando una emergencia económica (que no era tal) para no abonarlos o hacerlo en forma desdoblada incurrió inequívocamente en el delito malversación de caudales públicos".

Concretamente, el legislador se amparó sobre los artículos 260 del Código Penal, que castiga a los funcionarios que les dan a los caudales un efecto diferente al que estaban destinados, y el 264, que refiere a la demora injustificada de los pagos por parte de los funcionarios públicos.

"Si un funcionario público, teniendo fondos disponibles, retrasa injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente, será sancionado con inhabilitación presencial. Hay un tinte delictual, ya no es una mentira, una falacia o una chicana electoral", graficó el diputado.

Por último, dijo: "No me gusta judicializar la política, pero no tenemos otra herramienta. No voy a descansar hasta ver plasmada la prueba en la expediente penal. Lo voy a seguir día a día, con la intensidad que se merece; voy a ponerle todas las fuerzas y todas las ganas. Hay que hacerse poderoso con los poderosos y no poderoso con los débiles."