Se espera año conflictivo en la relación Nación-provincias

Refinanciación de deudas, rescate de bonos, reclamos por mayor coparticipación... La lista de temas pendientes parece amontonarse en la agenda de quienes serán los nuevos gobernadores de provincia hacia fines de este año ofrece un panorama de lo que les espera a los futuros mandatarios si sus antecesores no pueden o no intentan resolver asuntos con fecha clave hacia mitad de este año.COPARTICIPACION
Será este ítem uno de los más conflictivos en la relación Nación-provincias para este año y el que viene durante los cuales se intentará dictar de una vez por todas una ley que rija el proceso.
Los futuros mandatarios provinciales deberán cerrar filas para aplicar una idea que ya circuló con fuerza en 2002 impulsada por el gobernador salteño Juan Carlos Romero: que sean las provincias las que recauden los impuestos nacionales y luego coparticipen al gobierno central el monto correspondiente. No será fácil y dependerá de la voluntad del próximo presidente de la Nación para ceder atribuciones a las provincias.
Lo cierto es que el último esquema de reparto de fondos tributarios fue perjudicial para la totalidad de los distritos ya que mientras aumentaba la recaudación se reducía relativamente la coparticipación a provincias.
Entre 2001 y 2002 los recursos de origen nacional remitidos a las provincias registraron una caída interanual cercana a 12%, lo cual representa unos 1.672 millones de pesos menos para el conjunto de jurisdicciones en 2002.
Frente a la caída en las transferencias automáticas a provincias, Nación registró un aumento de 11 por ciento, lo cual, según un informe de Economía & Regiones, «pone en evidencia el cambio de estructura impositiva, favoreciendo a Nación y perjudicando a las provincias».
Es por eso que los equipos de los candidatos trabajan en nuevos esquemas de ingresos para las provincias. Quieren evitar a toda costa aumentar los tributos provinciales pero es ésta una de las alternativas más rápidas para lograr su objetivo, más aún teniendo en cuenta el contexto inflacionario que vive el país.
CUASI MONEDAS
El de los bonos provinciales es un punto de negociación fuerte para los distritos. Aunque las exigencias del FMI incluyen en un lugar privilegiado la eliminación de las cuasi monedas, los gobernadores siempre las tendrán como as en la manga si Nación no hace los envíos dinerarios suficientes.
De llegarse a un acuerdo definitivo con el FMI, las provincias deberán limpiar definitivamente de sus mercados los bonos que hoy circulan asiduamente y que, en algunos casos, como los Cecacor correntinos, cotizan casi a 50 por ciento de su valor.
Circulan actualmente 7.300 millones en cuasi monedas de las cuales 3.300 millones son LECOP nacionales. Para su rescate habría que esperar otro trato con el FMI de mayor envergadura tras la primera mitad de 2003 ya que el actual miniacuerdo no incluye dinero fresco para hacer desaparecer los bonos.
Hasta ahora se han rescatado fundamentalmente Lecor (Córdoba) y patacones (Buenos Aires), pero la gran mayoría de las provincias deberá esperar mejores condiciones.
La semana pasada finalizó el primer tramo del rescate de bonos Lecor por pesos con un total de 227 mil operaciones registradas por un valor de 140,7 millones de pesos. Sin embargo, la provincia espera un desembolso de 200 millones de dólares del Banco Mundial para iniciar la segunda etapa, algo que depende absolutamente del acuerdo del gobierno argentino con los organismos internacionales de crédito. En Buenos Aires, ya fueron rescatados más de 600 millones de patacones y se acelera ahora el recupero de 2.500 millones más.
En el otro extremo del espectro se halla Entre Ríos, que planea rescatar sus federales a través de envíos nacionales de ATN o, preferentemente, con un préstamo de Nación. Los tiempos son, en general, cortos ya que 148 millones de federales tienen fecha de vencimiento el 30 de junio de este año.
 DEUDA PROVINCIAL
El Decreto nacional número 53 firmado por Eduardo Duhalde a principios de año estableció la redolarización de las deudas provinciales con entidades internacionales, las cuales quedaron excluidas de la conversión a pesos determinada en el Decreto 214/02. Se trata de unos u$s 3.000 millones aportados por el BID y el BIRF, repartidos entre todos los distritos, a los cuales se suman u$s 45 millones del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional.
La lista de este endeudamiento la lideran Buenos Aires, responsable de u$s 941 millones; Santa Fe, con u$s 409 millones; Córdoba, con u$s 244 millones, y Tucumán, con u$s 142 millones. Sigue pendiente, entonces, resolver la refinanciación de estas deudas dolarizadas. Podría ser a través de un bono o (menos probable) un seguro de cambio por el cual las provincias pagarían la deuda pesificada a $ 1,4 por dólar más el CER y la Nación se haría cargo de la diferencia.
Cabe recordar que a fin de 2002 se implementó el canje de deuda provincial con la banca privada a través un bono en pesos a 16 años, con 3 de gracia, actualizado por el índice CER y una tasa de interés de 2% anual. Se trata de unos u$s 9.000 millones, de los cuales u$s 2.500 pertenecen a Buenos Aires. Este bono emitido por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial cuenta con garantía de 15% de la recaudación coparticipable provincial y garantía colateral de los impuestos nacionales, y con el correr de los años puede transformarse en una pesada herencia teniendo en cuenta la actualización del CER que la afectará.
Por su parte, algunos distritos quedaron fuera de este canje negociado a través de Nación. Se trata de San Luis, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fe.
DEFICIT
Existe ya un compromiso de todas las provincias para alcanzar el déficit cero en el corriente año. Si se compara con 2001, la contención del gasto deberá ser de unos
$ 6.370 millones, ya que en dicho período ése fue el rojo total de las provincias. Teniendo en cuenta que durante 2002 las provincias cumplieron aceptablemente con un achique promedio de 47% del déficit de 2001, no parecería una meta imposible que este año se nivelaran las cuentas, normalizando la economía provincial a partir de 2004.
Si bien esta reducción del déficit está contemplada en el Plan de Financiamiento Ordenado (PFO) firmado en febrero de 2002, este acuerdo deberá ser refrendado este año y es altamente probable que, como las negociaciones se hacen en forma bilateral entre la provincia y Nación, muchos gobernadores argumenten que no están en condiciones de alcanzar el equilibrio de sus cuentas aún, postergando la promesa del déficit cero.
Por lo pronto, no son muchas las provincias que aprobaron sus presupuestos 2003 (13 hasta el momento), con lo cual poco se sabe sobre las proyecciones de la otra mitad de los gobiernos. En este escenario, Buenos Aires tendrá un déficit fiscal de $ 700 millones, en tanto que el resto, incluidas Córdoba y Santa Fe, planea equilibrio o superávit.