27 de junio 2005 - 00:00
Se judicializa protesta en el norte santacruceño
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Tras el incidente la niña falleció y, aunque -según fuentes locales- no habría responsabilidad directa de los manifestantes en el hecho, el fiscal de turno de Caleta, Carlos Rearte, ya recibió una denuncia del director administrativo del hospital de Pico Truncado, Daniel Sloper, en la que solicitó que se garantice el paso de las ambulancias. Paralelamente, el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia de Marcelo Bailaque, hizo lugar a una denuncia presentada por los pobladores de Cañadón Seco para que se garantice la circulación en la zona y se desaloje la Ruta 12, ya que habitantes no pueden concurrir a sus trabajos en las empresas petroleras de la zona.
En lo que respecta a los conflictos, no hay avances. En Caleta Olivia, los municipales rechazaron el ofrecimiento del intendente, Fernando Cotillo, de un aumento de $ 150 no remunerativos; en tanto que en Pico Truncado la Justicia hizo lugar al pedido de invalidez del acuerdo entre el intendente Osvaldo Maimo y el gremio ATE, luego de que el jefe comunal denunciara que fue coaccionado y amenazado de muerte para rubricar el pacto que otorgaba mejoras salariales.
Cabe recordar que por estos hechos fueron detenidos el titular de ATE Santa Cruz, Alejandro Garzón, y otros cuatro dirigentes sindicales que están siendo indagados por la jueza de Instrucción Graciela Ruata de Leone, imputados por amenazas, privación ilegítima de la libertad y obstrucción de las rutas 12 y 43 mediante la acción piquetera.
Como resultado de esta avanzada judicial sobre las protestas de municipales -que en Caleta Olivia ya lleva alrededor de dos meses-, municipales y trabajadores petroleros de la zona que apoyan las medidas de fuerza estarían definiendo en las próximas horas las realización de una megamovilización multisectorial en la localidad de Caleta Olivia -donde está detenido Garzón-, en repudio de lo que entienden una «judicialización de las protestas sociales».
En respuesta, el ministro de Gobierno de Santa Cruz, Roque Ocampo, ratificó la voluntad del Ejecutivo de «mantener la paz social y el diálogo» y que «no responderá violencia con violencia», pero reiteró que «el corte de ruta es delito».
Río Turbio
Por su parte, en el extremo suroeste santacruceño, los municipales de Río Turbio anunciaron que realizarán un paro y una movilización mañana y pasado en rechazo a la propuesta del Ejecutivo municipal de pagar $ 100 adicionales por el mes de junio y luego discutir nuevos incrementos. Impulsada por ATE, la medida convocó, además, a los mineros de la región, que están en alerta a partir de que el delegado del gremio, Alejandro Barriga, fue detenido hace dos días y puesto en libertad inmediatamente por orden de la jueza Ruata de Leone.




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