Sin ahorro, provincias caen en peligro de incumplir pagos

En Tierra del Fuego, en tanto, el mandatario Hugo Cóccaro (FUP) tuvo que pedir un nuevo crédito al Banco Tierra del Fuego, esta vez por $ 4 millones, para cumplir con el pago a contratistas.
Se trata de un auxilio financiero contemplado por la Ley de Presupuesto 2001, en la que se faculta al Ejecutivo a solicitar un financiamiento de corto plazo para cubrir desequilibrios estacionales de caja. Según se informó, la suba será devuelta en seis cuotas consecutivas.
 Pasado
En ambos casos, se trata de postales que parecen remitir a otras épocas, en las que los atrasos en los pagos eran moneda corriente en el interior del país.
El delicado escenario fue amplificado recientemente a nivel nacional por el propio Felipe Solá. El mandatario reconoció que Buenos Aires puede cerrar con déficit este año si no logra equilibrar sus cuentas, en un tiro por elevación al gobierno nacional, de quien pretende financiamiento para cubrir un rojo de $ 800 millones (tras la asistencia arrancada a Néstor Kirchner por $ 2.000 millones).
Los balances de este año ya ponen en evidencia este complicado terreno. Según un reciente informe de la consultora Economía & Regiones, durante el primer trimestre del año hubo para el conjunto de las provincias una reducción del resultado primario de 33 por ciento, en comparación con el mismo período de 2005.
La ecuación muestra que el aumento de los ingresos tiene una evolución mucho menor que la del gasto, que va in crescendo ciclo tras ciclo por la suba de partidas salariales y para obra pública.
El ahorro primario de las provincias en el primer trimestre de 2006 ascendería aproximadamente a 1.935 millones de pesos. En ese período, mientras el gasto en personal y obras creció 36,3%, el de recaudación tributaria lo hizo a razón de 25,1%.
En este marco, el ministro de Hacienda y Finanzas neuquino, Claudio Silvestrini, advirtió en las últimas horas que en las provincias «los recursos han entrado en una meseta». «No estamos creciendo en recursos y sí en los gastos, producto de la inflación, de los incrementos salariales y de los mayores costos que tiene el Estado», dijo.
 Retención
Pero además -afirmó- se suma el dato de que «el gobierno nacional se queda con 70% de los recursos y las provincias con 30%, teniendo las provincias la obligación de cumplir con la seguridad, la salud, la justicia, la acción social, la educación, y con la presión inflacionaria que eso genera».
Para el funcionario de Jorge Sobisch, de no revertirse este esquema, «no mucho más allá de fin de año o principios del año que viene, el gobierno nacional va a tener que salir a auxiliar a muchas provincias que no van a poder pagar sueldos». Por eso Silvestrini reclamó la fijación de «una nueva ley de coparticipación y redistribución, más equitativa».
El más ajustado estado de las arcas provinciales, en relación con los últimos años, se vive también en materia de las promesas salariales. Por caso, en Córdoba, los estatales deberán apostar a que la provincia de José Manuel de la Sota cierre el acuerdo de refinanciación de deuda pública con Nación si es que pretenden acceder a un incremento salarial medianamente cercano a sus pretensiones.