Temen gobernadores nueva ola de conflictos sociolaborales

«El problema es que todo suma, y medidas como el pase a planta pueden convertirse en una nueva fuente de reclamos», resume el ministro de Economía de un distrito chico, que entiende que «día a día se van homologando distintos acuerdos laborales en Nación y eso repercute mucho en el sector público provincial».No sólo se trata entonces de que comenzarían a surgir nuevos pedidos de efectivizaciones en el interior (ya hubo pases a planta en provincias durante este año), sino que en forma indirecta desde Nación se sigue alimentando el descontento en el interior -donde la planta estatal representa alrededor de 50% de los recursos de cada distrito-, que se traduce en todo tipo de reclamos sociolaborales. Ayer, Kirchner firmó un decreto que beneficia a unos 9 mil empleados del Estado Nacional, que figuran como contratados y que cobran hasta $ 1.512 mensuales, los cuales serán incorporados a la planta transitoria antes del 1 de octubre próximo.
Creen en las provincias que este nuevo decreto tendrá el mismo efecto que los anteriores que elevaron sueldos privados y públicos, con un alza de las ya muy fuertes protestas sociales en el interior, con numerosos reclamos, con pedidos de incrementos salariales a la cabeza.
Sólo por citar los casos más graves de la jornada de ayer, estatales y judiciales de Buenos Aires iniciaron un paro por 48 horas, y en Chaco empleados de la provincia y productores cortarán hoy rutas. En tanto, previsiblemente, ayer el acuerdo salarial alcanzado en la municipalidad santacruceña de Pico Truncado repercutió en la vecina Caleta Olivia, donde trabajadores locales cortaron la ruta 12. En Salta, en tanto, fuentes del gobierno aclararon que «no hoy conflicto» con los judiciales, como sí ocurre en otros distritos.
Vale recordar que esta presión gremial -incentivada por medidas nacionales- complica la situación fiscal de las provincias, que este año deben cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que impone topes al gasto y el endeudamiento.
En el caso concreto del pase planta, no se trata de un recurso que las provincias desconozcan, ya que este año hubo muchos movimientos al respecto e n cerca de diez distritos. Es una medida que apunta, en general, a blanquear una situación muchas veces irregular del Estado, que se puede convertir en una potencial fuente de juicios laborales.
Estos procesos de efectivización implican un aumento del gasto del Estado, ya que en general se respeta el importe de los sueldos y a éste hay que sumar 23% de cargas sociales, aguinaldos y vacaciones, más eventuales indemnizaciones en casos de despidos.
 Pioneras
Este año ya se activaron pases a planta permanente en algunas provincias, con el caso de Tierra del Fuego como el más representativo. Allí, el gobernador Jorge Colazo -radical hoy polémicamente aliado a Kirchner- decretó meses atrás el llamado «megapase», por el cual incluyó en planta transitoria a unos 4.000 contratados, medida que costará a la provincia unos $ 40 millones anuales y significa un incremento de 50% del número de estatales.
Buenos Aires, también incorporó este año a planta permanente a 5.600 contratados que se desempeñaban como personal auxiliar docente. El camino de las efectivizaciones también fue tomado este año por distritos como Chaco, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro y Catamarca.