Santiago del Estero - Los guardiacárceles del Penal de Varones donde el domingo estalló el trágico motín que ya dejó 32 presos muertos se rebelaron ayer ante la llegada de las nuevas autoridades penitenciarias nacionales -en virtual intervención federal- designadas por el gobernador Gerardo Zamora. En paralelo, cerca de 200 familiares de los reclusos fallecidos concretaron una tensa movilización hacia la Casa de Gobierno, que en una parada intermedia incluyó ladrillazos contra una comisaría. La protesta frente a la sede gubernamental sumó la quema de uno de los ataúdes entregados por el Ministerio de Desarrollo Social local. Anoche, un grupo de manifestantes mantenía un encuentro con autoridades locales. La medida de protesta de los guardiacárceles duró cerca de una hora, durante la cual se negaron a acatar las órdenes de los enviados del Servicio Penitenciario Federal. Ese escenario derivó en la entrada de grupos especiales de la Policía y de bomberos a la cárcel para garantizar la seguridad. A la par de los agentes del Servicio Penitenciario provincial, también se sumaron médicos, enfermeros y psicólogos de la unidad. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia local desmintieron la existencia de un autoacuartelamiento. En rigor, el malestar se desató no sólo por la decisión del mandatario radical K de remover a la cúpula penitenciaria local para ungir a los enviados federales, ya que, además, respondió al reclamo de urgentes medidas para garantizar la seguridad y el descanso de los trabajadores, y al rechazo de la hipótesis manejada por autoridades provinciales respecto de que el motín fue consecuencia de un intento de fuga frustrado. Los trabajadores, en cambio, atribuyen el motín a la situación de colapso que atraviesa el penal, a partir del hecho de que albergaba a 480 intentos cuando sólo tiene capacidad para 180. En esa línea, la licenciada en psicología Silvia Rodríguez, quien pertenece al área médica del penal, aseguró que «al ingresar a trabajar, presos armados amenazaron de muerte a guardiacárceles y profesionales». Los reclusos, por su parte, aducen que fue una reacción a los maltratos, e incluso algunos denunciaron que los guardias iniciaron el incendio, «cuando los compañeros del pabellón 2 se quejaron por las excesivas requisas a las niñas que venían a visitar «a los detenidos». En este tenso marco, ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Iribarne, y Zamora firmaron en Buenos Aires un convenio para implementar mejoras en el sistema penitenciario, por el cual viajarán a la provincia oficiales superiores retirados para asistir técnicamente al gobierno.
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«Durante nuestra gestión a cargo del Ministerio de Justicia, concebimos el accionar penitenciario como parte de la política de derechos humanos del presidente Kirchner», señaló Iribarne. Mientras tanto, la organización Amnistía Internacional reclamó al gobierno argentino un Plan de Política Penitenciaria para evitar que se repitan episodios como el santiagueño. El delicado escenario llegó, además, al Congreso Nacional, donde el senador José Zavalía presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que precise las causas del trágico episodio. Zavalía, alineado con la conducción nacional de la UCR, cuestionó a Zamora, al hablar de «un gobierno que hace una ostentación monstruosa de los recursos» en una provincia donde «no hay un camión autobomba para apagar un incendio».
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