Buenos Aires - La transición del gobierno de Felipe Solá hacia el del electo mandatario Daniel Scioli no logra quedar exenta del clima de tensión que marcó a la provincia durante todo el año electoral. En medio de un contexto de constantes exigencias gremiales -ayer fue el turno de los judiciales- la Casa de Gobierno fue víctima de un violento ataque a manos de manifestantes que reclamaban mayor presupuesto para enfermos con HIV-sida. La actualidad de Buenos Aires está marcada por la conflictividad social, con gremios como docentes y estatales que se mantienen en pie de guerra. A esto se suma la crisis del puerto de Mar del Plata, que suele estallar en graves disturbios por causa de la situación de los empleados que trabajan en las empresas fileteadoras. Los paros, marchas y eventuales estallidos se mantuvieron como un problema que acompaña a Solá hasta sus últimos días de gobierno. Sobre este escenario, el saliente mandatario asume los sinsabores que siente al borde del retiro de su conducción y reconoce además que «nunca pudo mantener independencia», por la influencia que sobre el mayor distrito del país ejercen pesos pesados de la política, como Eduardo Duhalde y el matrimonio Kirchner.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En lo que respecta a los disturbios de ayer en La Plata, éstos incluyeron pedradas y rotura de varios vidrios del edificio de gobierno. La intervención policial generó detenciones, entre las que se habrían identificado al menos dos integrantes de la agrupación Quebracho. Los problemas comenzaron luego de que unos 50 manifestantes no lograron ser atendidos por Solá, a quien elevaron un reclamo de mayor presupuesto y un subsidio de $ 2.000 para una decena de dirigentes de organizaciones no gubernamentales, según informó el ministro de Salud, Claudio Mate. El «violento reclamo fue efectuado sólo por cinco organizaciones sociales de 50 que participan de la Comisión Interministerial que trabaja en la problemática del HIV-sida», aseguró Mate, que señaló que el pedido «se agota únicamente en la distribución de salarios». Por su parte, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Edgardo Binstock, criticó la manifestación: «Me parece que no es la metodología apropiada el apriete, o tirar las piedras; me parece que habría que encontrar la solución de otra manera». En paralelo, ayer hubo una marcha de la Asociación de Judiciales Bonaerenses, «en repudio a los descuentos por participar de paros y asambleas». Tras la presión, la Corte resolvió abrir una instancia de diálogo.
Dejá tu comentario