Brasilia (AFP) - La solución para deshacerse de la soja transgénica, que puede comercializarse en Brasil, puede estar en la exportación para países que consumen este tipo de grano, admitieron los ministros de Justicia, Marcio Thomas Bastos, y de Medio Ambiente, Marina Silva.
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«El gobierno brasileño quiere exportar lo máximo posible de la soja transgénica plantada irregularmente en el país para salvar la cosecha y no perjudicar los productores», señaló Bastos.
Los funcionarios resaltaron que el permiso para la exportación del grano genéticamente modificado estará condicionado «a la suscripción con los productores de un Término de Ajustamiento de Conducta (TAC), en el que el agricultor se comprometerá a volver a plantar soja convencional, a partir de la zafra de 2003/ 2004».
El término de ajuste, según el ministro de Justicia, sería la «solución jurídica» para que los agricultores que actuaron de forma ilegal «sean perdonados» sin que el gobierno incumpla una decisión judicial que prohíbe la comercialización de la soja transgénica en el país, explicó Bastos.
«No podemos dejar de intentar salvar esta zafra para exportación, por ello, vale algunos millones de dólares», dijo Bastos, al referirse a los seis millones de toneladas de soja transgénica cultivada en Brasil, cuyo costo asciende a 300 millones de dólares.
«Esta solución -según el ministro de Justicia- no significa que el gobierno esté abriendo las puertas para futuros plantíos irregulares de transgénicos, al contrario, vamos a cerrar las puertas», puntualizó. La ministra de Medio Ambiente aseguró, por su parte, que de ninguna manera «habrá indemnización a los productores irregulares».
Por último, Bastos y Silva criticaron la omisión del gobierno anterior de Fernando Henrique Cardoso en la fiscalización de los cultivos, cuya comercialización habría resultado en un grave problema social y económico.
El Instituto de Defensa del Consumidor (IDEC) aplaudió la decisión del nuevo gobierno, que mantiene a Brasil libre de la producción de organismos genéticamente modificados.
«El nuevo gobierno está manteniendo su promesa de campaña de mantener el principio de la precaución, que significa que los transgénicos están prohibidos hasta que se demuestre que no son dañinos a la salud y al ambiente», dijo a Marilena Lazzarini, coordinadora del IDEC.
El IDEC, apoyado por Greenpeace, mantiene desde hace cinco años un litigio contra el Estado brasileño y consiguió mantener prohibida la comercialización de soja transgénica, que un organismo del gobierno había autorizado en 1998.
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