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Silva y los ambientalistas lograron en especial que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), dependiente del ministerio de Ciencia y Tecnología, limite sus poderes a la autorización de nuevas investigaciones sobre organismos genéticamente modificados (OGM).
La decisión de autorizar el cultivo y la comercialización dependerá del parecer técnico tanto de la CTNBio como del de los ministerios de Medio Ambiente y Salud.
En caso de desacuerdo, zanjará el tema un Consejo Nacional de Bioseguridad (CNBS), creado por la nueva Ley de Bioseguridad, e integrado por quince ministros.
El ministerio de Medio Ambiente podrá exigir además estudios de impacto ambiental antes de que se decida la liberación de cualquier OGM.
