Dicen en el Campo

La situación en muchas de las mejores zonas de la Pampa Húmeda se torna cada vez más crítica a causa del agua y, además del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, ya está alcanzando a lugares tan infrecuentes como el sur de La Pampa. Se estima que buena parte del maíz y de la soja siguen sin poder levantarse por la falta de piso (se habla de 25% y 30%, respectivamente) y, muchos de los que llegaron a cosechar no pueden sacar la producción por el estado de los caminos. Esto significa un buen negocio para los proveedores de bolsas, única forma de mantener los granos en los potreros hasta que baje el agua. Sin embargo, no es para alegrarse. Mucha producción se está perdiendo por el atraso en la recolección. Casos concretos en la zona de Pehuajó, donde en lo que va del año ya llovió alrededor de
1.400 mm (¡!), consideran que alrededor de 20 quintales de maíz por hectárea ya se perdieron, y «están en el suelo».

Hay mucho malhumor por la falta de planes integrales oficiales para el manejo del agua en las provincias afectadas por la cuenca del Salado y del río Quinto. «Cada uno hace lo que quiere. Unos abren canales para sacarse el agua de encima, aunque se la manden al vecino, y otros los cierran para que el agua no les llegue. Para colmo, tenemos el invierno encima», se quejaba un productor del norte bonaerense. Como si fuera poco esto, que en algunos casos ya lleva varios años, las empresas agropecuarias siguen teniendo que afrontar tasas municipales muy pesadas y que, en más de un caso, no se corresponden con una prestación efectiva de servicios. La mayor objeción es para la tasa de mantenimiento de caminos.
Es que muchos están pagando hasta $ 18.000/$ 20.000 por camiones de piedra y canto rodado para permitir la transitabilidad de los caminos de tierra, dado que los municipios no hacen los trabajos.

Crece el desconcierto sobre el control de la aftosa. En algunas zonas (varias de la provincia de Bs. As.) ya van por la 3ª dosis de vacuna, mientras que en otras, como en Corrientes, ni siquiera llegan las partidas para la primera vacunación. Además se supo que, por ejemplo en Santa Fe, se informó que se habían enviado una cantidad de dosis, que no llegaron efectivamente a los productores de las zonas que se habían asignado. Recién, tras darse estado público al hecho, las vacunas «aparecieron». No se descarta que, ante el déficit en la provisión del medicamento, en algún punto se «deriven» dosis que después se comercializan ante la ansiedad de los productores por proteger sus rodeos de la enfermedad. Pero éste no es el único tema que debe enfrentar el titular del SENASA, Bernardo Cané. Es que a pesar de lo que sigue sosteniendo el organismo respecto a la «gratuidad» de la vacuna y de su aplicación, a cargo de veterinarios oficiales, en varias zonas ya están cobrando $ 0,40 por animal (la vacuna sale $ 0,25). Según el organismo oficial, de ser esto así, los pagos a las fundaciones deberán ser considerados como «créditos» para los productores, y deberán ser devueltos a ellos a la brevedad, pero muchos dudan de que llegue a ser así.

Sigue el revuelo por la empresa que vendió maíz y soja transgénica sin reconocer los royalties correspondientes. La comprobación técnica es aparentemente muy simple a partir del genoma de las plantas, por lo que el caso sería inapelable. Donde se dividen un tanto las aguas es con el caso de un productor que sembró maíz para pastoreo (de estas características) y de su propia cosecha, al que le habrían enviado hasta una inspección de la AFIP. Los que lo defienden argumentan, entre otras cosas, que eso no es evasión y que, mientras tanto, los verdaderos transgresores impositivos siguen operando tranquilamente.

Mientras cada vez son menos los recursos públicos y, debido a esto, se discontinúa una serie de programas, hay otras abultadas partidas de las que no se conoce su destino real, ni el grado de efectividad de la asignación. Uno de estos casos es el del Fondo Especial del Tabaco de cuyo total se debe asignar 20% para planes de reconversión en las zonas tabacaleras. El hecho es que las 7 provincias productoras reciben alrededor de u$s 180 millones anuales para el tabaco (aunque el principal porcentaje se lo llevan sólo 2 de ellas), y de esta cifra, unos u$s 36 millones deben ir a estos planes.

La asignación, dicen, la hace la Secretaría de Agricultura de la Nación, a cargo de Marcelo Regúnaga, por lo que resultaría muy interesante que esta área hiciera público el balance de estas partidas en los últimos años, a que provincias y proyectos fueron, y quienes las personas encargadas de comprobar si, efectivamente, el destino de los fondos fue el predeterminado, ya que se trata de demasiado dinero (además objetado internacionalmente en la OMC) como para no saber si, realmente, sirvió para cumplir con los objetivos prefijados.