Dicen en el campo

• ... que mientras el gobierno sigue avanzando con los «precios acordados», especialmente en los productos centrales de la canasta familiar, a fin de evitar una suba en el costo de vida de los consumidores que ya, durante el primer trimestre del año, supera 50% de la inflación que Economía previó para todo 2005, en el sector agropecuario sigue aumentando la preocupación. Es que sabiendo que estos «acuerdos» son sólo para la «foto» y que el único freno real en un mercado libre pasa por el poder de compra de la gente, muchos temen que el gobierno termine con medidas mucho más drásticas, como los precios máximos, los controles e, incluso, hasta la suba en las retenciones, aunque también estos esquemas ya hayan demostrado en el pasado su ineficacia. De todos modos, el temor existe y no sólo por esta causa. Por caso, la participación de Roberto Lavagna en un programa televisivo, donde pasó «de Adam Smith al control de precios en un solo bloque», tampoco fue tranquilizadora. Los carniceros, por su parte, sostienen que ellos no son los formadores de los precios y que sólo podrán rebajar si reciben la mercadería a menor costo (algo difícil de comprobar cuando son sólo cuatro los cortes «controlados» y ellos adquieren medias reses). Por su parte, los supermercadistas reconocieron haber firmado los acuerdos sólo por temor a medidas peores y no por que creyeran en su conducencia. El caso de las usinas es similar y en el área de lácteos también son menos de media docena los productos «bajo la lupa», pero igual crece el temor entre los tamberos por el hecho de que, como suele ocurrir, las alimentarias terminen tratando de bajarles a ellos el precio de la materia prima. Sin embargo, tal escenario no es tan factible a la luz de los movimientos de tambos que se están registrando entre empresas y de los valores que algunas de ellas están pagando (hasta $ 0,48/$ 049 por litro) para ampliar el volumen de leche que reciben.

• ... que donde está más complicado el asunto es en el caso de la yerba. Allí, el reflotado INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate), el ente regulador -que se había disuelto durante la década pasada y del que participan empresarios, productores, el INTA y la Secretaría de Agricultura de la Nación- se encuentra desde hace meses enfrentando un conflicto por el precio de la hoja verde que la producción pretende que se ubique en $ 0,45 el kilo, desde los $ 0,31 actuales, o sea, una suba superior a 30%, lo que es duramente resistido por el resto de la cadena, que hasta la semana pasada llevaba las de perder. Ahora, sin embargo, el panorama puede cambiar pues el propio ministro Roberto Lavagna pretende «acordar» también aquí. Esto determinó que, finalmente, hasta la gente de Miguel Santiago Campos (Agricultura) se tuviera que «poner las pilas», igual que la del área de Defensa de la Competencia, lo que llevó a que su titular, Patricia Vaca Narvaja, aceptara «hablar por teléfono» con los productores, que hace meses le venían pidiendo una audiencia. El asunto inquieta también al ahora kirchnerista gobernador misionero Carlos Rovira, quien teme que un mal precio para los productores de una de las principales actividades de la provincia le genere los mismos problemas que el algodón le produjo a Roy Nikisch, del Chaco, que aún está esperando alguna respuesta de la Nación.

• ... que otro grupo que muestra bastante inquietud es el de los contratistas, ahora nucleados en una entidad que reúne a alrededor de 2.500 de los más de 4.000 que se cree que existen. Es que, prácticamente, mientras ven acercarse el pico máximo de la cosecha gruesa 2004/'05, los problemas con los combustibles y las amenazas de medidas de fuerza por parte de los transportistas de cargas (también jaqueados por mayores costos de distinta naturaleza) se agregan a la ya tradicional inquietud por el clima que viven los hombres de la maquinaria, que cada vez son más. Es que este rubro, prácticamente inexistente hace pocas décadas atrás, tuvo un geométrico crecimiento en estos últimos años, de la mano de la irrupción de los pools de siembra que, mayoritariamente, no son propietarios de tierras, pero que comenzaron a desplazar fuertemente a pequeños y medianos productores con su aparición. A éstos, por un lado no les quedó más opción que arrendar o directamente vender sus pequeños predios de 100-200 hectáreas, pero, además, se vieron imposibilitados de alquilar otra extensión similar debido a su estrechez financiera y a los crecientes valores en los que se cayó debido a la presión de los pools. Así, muchos se transformaron de productores en proveedores de servicios, capitalizándose en maquinaria y convirtiéndose en contratistas rurales, un rubro que, debido a su magnitud actual, ya obligó, por ejemplo, a replantear negocios a los bancos, que hasta no hace mucho no los consideraban sujetos de crédito.

• ... que «sobre llovido mojado» sería la frase más acorde para el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que, después de un breve lapso de relativa calma, volvió a agitar fuertemente sus aguas tras los dichos del controvertido vicepresidente, Miguel Schiaritti, que, más oficialista que los propios pingüinos y para congraciarse quien sabe con quién, arengó a los consumidores locales a «no consumir» carne por 10 días para que el precio del producto baje. Naturalmente, la «sugerencia» cayó como una bomba entre los productores ganaderos, que son, además, los que pagan para que el Instituto funcione y defienda, justamente, la producción de hacienda vacuna. A pesar de su estilo «conciliador», no fue fácil para el titular del organismo, Arturo Llavallol, tranquilizar a los miembros de su propio directorio (se le exigió «ratificar» o « rectificar» los dichos de su segundo -quien quedó desairado-; debió responder por escrito la protesta de consignatarios y hasta de los frigoríficos consumeros), algunos ya malhumorados por los cerca de u$s 4 millones que, aparentemente, se invertirán en la campaña de promoción en Inglaterra, mientras en el plano local todavía nunca se les explicó a los productores aportantes para qué están pagando...