Efectos de las nuevas medidas impactarán en el mediano plazo

Sin duda, la noticia no es alentadora para el agro. Sin embargo, hay algunos elementos que distinguen a estas medidas del pasado. En las décadas previas a la del '90, lo usual era un tratamiento, en materia de retenciones a las exportaciones, claramente discriminatorio contra el agro. Lo eran, pues, por una parte, su implementación permitía una rebaja en los precios internos de los alimentos (lo que contribuye a mejorar el salario real) y, por otra, por su simplicidad y agilidad a la hora de cobrar el impuesto.

Ahora, son prácticamente todas las exportaciones las que han quedado gravadas. Tanto los productos primarios (10%), como las manufacturas de origen industrial y agropecuario (5%) y los productos minerales están dentro del cuadro implementado de derechos de exportación, que reducen el apreciable incremento del tipo de cambio real y tienden a disminuir la suba de precios internos de los bienes exportables.

Pero hay tres diferencias sustanciales respecto del pasado.Ya no es más el campo la cenicienta, pues las retenciones correspondientes al petróleo son las más elevadas (20%).

A su vez, las industrias de las economías regionales ven abaratados sus insumos primarios, por lo que la diferencia de gravamen contribuye (es cierto que a costa del productor primario) al desarrollo de productos de mayor valor agregado y de más alta diferenciación.

Este tema no es menor, pues permite, junto con la fuerte mejora del tipo de cambio real, un mayor grado de competitividad de la industria alimenticia en el mundo. El caso de los subproductos oleaginosos era una de los más afectados por la prácticas intervencionistas implementadas en muchos países, especialmente en China e India. Finalmente, la tercera diferencia está dada por el igual tratamiento que reciben todos los productos primarios, por lo que el histórico castigo a la soja queda eliminado. Ello permite un manejo más racional de las diferentes opciones productivas.

La presión gremial, hasta ahora, se ha centrado en asegurarse que el gobierno no utilice los derechos de exportación para mejorar el problema fiscal. Sin embargo, es tan importante, desde el punto de vista del volumen de dinero involucrado, el problema del IVA como el de los derechos de exportación, con la diferencia de que el primero es mucho más perverso, encubierto y solapado. Al disponer la reducción del IVA a los granos, la cuestión del IVA que no puede ser descargado por el productor tiende a agravarse violentamente.

Según cálculos de la Secretaría de Agricultura, sólo por IVA no descargado, durante el año 1999, se acumuló la suma de u$s 991 millones. Como se comprenderá, el peso será ahora mucho mayor.

Quedan entonces dos aspectos para debatir, que no pueden quedar fuera de la mesa. El primero de ellos es el inmediato emparejamiento entre las ventas y las compras agropecuarias, para compensar adecuadamente el IVA. Como el tema es más que complejo, al menos debería reducirse el IVA correspondiente a los insumos perfectamente identificables en la producción agraria, como es el caso de fertilizantes o herbicidas. Y, en segundo lugar, urge asegurar en su mínima expresión los aranceles de importación referidos a los insumos y bienes de capital, a fin de permitir, por lo menos desde este campo de acción, una economía más abierta.