Grave: denuncia de semilleros por decisión de Agricultura

Un escándalo de magnitud fue denunciado ayer por los semilleros argentinos. Una resolución del secretario de Agricultura, Miguel Campos, deja al descubierto presunta inseguridad jurídica y descontroles en la aprobación comercial de un evento transgénico y pone en jaque a las empresas que con un largo trabajo realizado han invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero en buscar e investigar nuevas variedades que permitan a la Argentina ser líder en producción agropecuaria. La denuncia de los semilleros se basa en una excepción al procedimiento vigente para aprobar nuevos eventos transgénicos. Perjudica a empresas y beneficiaría a otras, además de poner en riesgo la jurisprudencia, quebrar el sistema vigente y generar descrédito en el mundo.

Gustavo Oliverio (Fundación Producir Conservando), Iván Ramallo (vocal titular ASARelmó), Pablo Vaquero (vicepresidente ASA y Arpov), Raúl Palmieri (presidente ASA), Julio Ferrarotti (presidente Arpov), Hernán Pettinari (vocal titular ASA-Syngenta) y Alberto Goñi (Aapresid) expusieron las denuncias por la Resolución 71 de Agricultura.

Un marco imponente para una denuncia: la Secretaría de Agricultura emitió una resolución que pone en peligro la agricultura de la Argentina, afecta su credibilidad y hace tambalear el sistema de aprobaciones de los eventos transgénicos, además de poner en tela de juicio la seguridad jurídica.

La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) solicitó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) la inmediata derogación de la Resolución 71/2006, emitida por ese organismo y publicada en el Boletín Oficial el pasado 17 de febrero.

La Resolución 71/2006 tiene como objetivo exceptuar por un plazo de 90 días la aplicación del sistema previsto -y hasta ahora vigente- para la aprobación de nuevos eventos biotecnológicos ( basado en la Resolución 39/2003 y su complementaria 46/ 2005), a todos aquellos que produzcan y/o comercialicen los materiales correspondientes a variedades de híbridos que tengan el gen GA21 de Syngenta.

Los fundamentos del pedido se basaron en que la medida es «innecesaria, arbitraria, inequitativa y altamente perjudicial para el sistema que regula la liberación al medio de eventos transgénicos en la Argentina», según aseguró ASA. En el encuentro estuvieron presentes miembros de la Comisión Directiva de la entidad y representantes de las empresas semilleras y de las entidades relacionadas con la cadena agrícola. A partir de la puesta en práctica de esta resolución en cuestión, «se suspende temporariamente la aplicación de todo un sistema eficiente, serio y prestigiado. Esta decisión significa dejar de lado las normas legales y pone en serio cuestionamiento todo el ordenamiento normativo. Además afecta seriamente el marco internacional, en el cual la valoración del sistema se relaciona directamente con las inversiones en tecnología y en el sistema de aprobación vigente para las mismas», indicaron ayer los semilleros.

Perjuicio

Raúl Palmieri, presidente de ASA, destacó que «como consecuencia de este tipo de medidas, se perjudica seriamente la credibilidad de las exportaciones argentinas más significativas, ya que se modificarían transitoriamente aspectos regulatorios de productos que luego son exportados a países consumidores de alimentos, que además tienen grandes restricciones en esta materia».

También agregó: «Este hecho es de extrema gravedad institucional porque deja de aplicarse en forma arbitraria la normativa altamente calificada que rige el proceso de aprobación de cultivares transgénicos que preserva la bioseguridad, involucrando la competencia de la Conabia, INASE, SENASA y la Dirección de Mercados Internacionales, restando seriedad y transparencia al sistema».

Por ello, sostuvo ASA, «arrogarse derechos, modificando sin responsabilidad la esencia y sostén del sistema, adquiere proporciones gravísimas, ya que lesiona de hecho y de derecho a toda la cadena, sobre la que se construyó y deberá seguir construyéndose todo nuevo hito tecnológico».

Con razón, la entidad sostiene que «la credibilidad se honra con los procederes y es el legado que debe preservarse para el país; defendemos principios, que son innegociables y se sitúan por encima de cualquier gestión personal». La Argentina, «a partir de decisiones convalidadas y apoyadas por el Estado, comenzó a transitar el camino de las semillas transgénicas como aporte y complemento tecnológico indispensable en la producción agropecuaria», indicaron desde la entidad que reúne a los mayores semilleros del país.

«Era un nuevo camino y se asumía una alta responsabilidad, pero se estuvo a la altura de las circunstancias, logrando una normativa jurídica de excelencia para regular y asegurar el estricto manejo de la nueva tecnología, que permitió no sólo apoyar su difusión en nuestro país, sino también fortalecer nuestra posición de país exportador. La creación de la Conabia, las resoluciones 39/2003 y 46/2005, son hitos importantísimos e imprescindibles en este camino.

Mayor producción

Agregaron que «a partir de la incorporación de eventos biotecnológicos en cultivos como la soja y el maíz, la Argentina incrementó sustancialmente su producción, logrando pasar de 44 millones de toneladas a 84 millones de toneladas en casi una década».

«Este aumento de la producción sirvió de base para consolidar el desarrollo de una industria agroalimentaria que hoy abarca 36% del total de empleos, 45% del valor agregado por la producción de bienes y 56% de nuestras exportaciones.

Todo este proceso se produjomanteniendo un estricto equilibrio con las normas de bioseguridad para asegurar que estos adelantos no pusieran en riesgo la sustentabilidad de la producción agropecuaria y el recurso natural que se estaba utilizando», ratificaron en ASA, tras la grave denuncia.