"Guerra de regalías" por semillas

La guerra por las patentes de semillas se desató en el campo. De un lado, productores agropecuarios, que con entusiasmo dispar salieron a atacar las denominadas «regalías extendidas», una modalidad que en el marco de un contrato privado, permite a las empresas de obtentores recuperar parte de la inversión aplicada al desarrollo de nuevas tecnologías. Por otro lado, los semilleros nucleados en ARPOV indicaban que «el productor que decide sembrar tales variedades, reconoce como contraprestación esta tecnología novedosa y adhiere al pago del nuevo sistema sólo sobre la base de lo que utilice para su siembra». En un comunicado conjunto Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina salieron a reclamar que se respete «la Ley 20.247, que consagra el derecho del agricultor al uso propio de semillas» y manifestaron que «se oponen a los controles a los agricultores por parte de los criaderos que utilizan este régimen, realizados con actitudes intimidatorias, equivocando el blanco de los verdaderos infractores de la ley que es el comercio marginal». Para ARPOV «el Sistema de Regalías Extendidas consideró los derechos del obtentor, la diferenciación por tecnología y contribuyó al combate del mercado ilegal de semillas». «Otros sistemas de regalías que se presentan muy preliminarmente, como mejoras a la situación actual, no permiten la diferenciación de productos y no constituyen un estímulo a la investigación además de poder ser percibidos por los productores como nuevas retenciones o impuestos que no tienen un objetivo y destino claro de aplicación y uso», indicaban los obtentores. Se referían a un sistema de regalías que promueven los productores, el de «regalías globales», aunque curiosamente no figuró el comunicado de las cuatro entidades del campo, hecho que determinaría que no existe unificación de criterio sobre este tema. Las regalías globales implicaría un gravamen a la primera venta de semilla, importe que pasaría a englobar un fondo que manejado por el Estado y los productores, repartiría el pago de las «patentes de semillas» de acuerdo a la investigación realizada por las empresas. En el medio, la Secretaría de Agricultura y su resucitado Instituto de Semillas que intentarían consensuar un sistema de pago intermedio, que evite enemistades con ambos extremos.

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