Pierde el productor con freno al trigo

Cuando analizamos la situación del trigo en la Argentina, corroboramos la ausencia de una política agropecuaria en el país. Hace ya tres años, las entidades advertimos que la falta de rentabilidad en algunos cultivos, como en los casos del maíz y del trigo, iba a producir no sólo una merma en el área sembrada sino una disminución en los rendimientos por el uso de menos tecnología.

Quizá los responsables de llevar adelante los lineamientos inherentes a la producción agropecuaria han pensado que nuestro reclamo era totalmente sectorial, sin tener en cuenta una realidad productiva en la que el costo de implantación de los cultivos tuvo un aumento alarmante, sobre todo en lo referido a fertilizantes, que incide en 40% de éste la urea en julio de 2004 costaba 180 u$s la tonelada y hoy supera los 300 u$s la tonelada- mientras el valor del producto estuvo estancado hasta mediados de 2006, imposibilitando una mejora en los ingresos.

La menor producción del país, combinada con la política del Estado de sostener precios con regulaciones en el mercado interno, produce un cambio de variables comerciales importante, haciendo que -en definitiva- haya distorsiones dentro de la cadena, perdiendo transparencia y potenciándose, por la falta de competencia, la concentración de riquezas dentro de ella.

No hay dudas de que esto provoca la diferenciación entre ganadores y perdedores, y queda en esta última ubicación el productor primario, que no es formador de precios. Todo lo contrario sucede con la industrialización y comercialización, que si tienen la posibilidad de modificar sus costos, sobre todo los de la materia prima, cuestión que es incentivada por el gobierno al recomendar que pague «tal» o «cual» precio.

Nuestra propuesta se contrapone con este «dirigismo forzado» de los mercados, resaltando la posibilidad de que la compensación al mercado interno la haga el consumidor extranjero que está dispuesto a pagar u$s 200 por tonelada de trigo en vez de recaer la responsabilidad en el productor, que debe vender a u$s 110 por tonelada.

Para poder diagramar una propuesta, debemos tener en cuenta que sólo 18% del trigo que se produce en el país se destina a la molienda para la elaboración del pan y que posee un precio de referencia de $ 2,50 el kilo. El resto se distribuye entre exportación (60%), molienda para mercado interno con otro destino y exportación de harina (22%). Esta ecuación nos permite arribar a una primera conclusión: por 18% para el que hay que fijar precios no es posible perjudicar a 82% restante; más aún cuando esos 11 millones de toneladas «que sobran» son comercializados al valor internacional real por los exportadores de granos o molinos exportadores, provocando que el productor reciba $ 100 por tonelada menos. (Multiplicados por los 11 millones de toneladas, el productor dejaría de percibir $ 1.100 millones).

Congelamiento

Está definido que el exportador puede registrar, con hasta un año de anticipación, los embarques de granos y que en el momento del registro se toma el precio FOB o índice oficial para la liquidación de las imposiciones o beneficios arancelarios.

Es decir que el exportador puede «congelar» con un año de anticipación el costo, en este caso, de lo que va a tributar por derechos de exportación y que descontará del precio que se va a pagar al productor en el mercado interno. Por lo tanto, el «manejo» del precio índice o FOB oficial pasa a ser un elemento fundamental en la determinación del valor interno. Todo el sistema diagramado es tan nefasto y poco transparente que hasta el país perdió, ya que de parte de las toneladas de trigo para exportación 5 millones fueron anotados con el índice oficial bajo de u$s 145 por tonelada (atribución que tiene la SAGPyA), lo que hizo que el país dejara de recaudar alrededor de u$s 11 por tonelada en concepto de derechos de exportación;es decir, un total de u$s 55 millones. Fue tan burda la maniobra, que días previos al aumento del valor del índice oficial (la publicación de la Resolución 447/06 tuvo lugar el día 17 de agosto de 2006) se anotaron volúmenes importantes para exportar, cuando ya se sabía que habría faltante de trigo a nivel mundial.

Nuestra propuesta es simple: la liberación total del mercado del trigo, que llegue el verdadero precio al productor de alrededor de $ 450 por tonelada y compensar de alguna manera ese 18% que necesitamos para la harina destinada a panificación del mercado interno.

Esa transparencia beneficiará al gobierno por una mayor recaudación en el impuesto a las exportaciones, en el de las Ganancias y en el impuesto al cheque. Esto es por el resultado final del trigo, cuando a un precio de $ 350 por tonelada el productor tendrá una pérdida de $ 75 por hectárea contra los $ 175 por hectárea de ganancias que obtendría con la liberación del mercado y vendiéndolo a $ 450 por hectárea.

Si a la recaudación extra que le quedaría al Estado por liberar el precio del trigo en Ganancias e impuesto al cheque le sumamos la recaudación extra en concepto de impuesto aduanero (u$s 11 por tonelada por los 8 millones de toneladas por exportar), el monto final es de $ 604 millones.

Si a la compensación que tenemos que hacer en el mercado interno de $ 100 por tonelada (de $ 350 por tonelada que pretende el gobierno a $ 450 por tonelada que puede pagar el mercado) la multiplicamos por los 2.500.000 de toneladas que usaríamos para la harina de pan con precio de referencia, el resultado final nos daría una compensación de 250 millones de pesos. Calculando costo y beneficios, observamos que esta compensación estaría perfectamente cubierta, con lo que el Tesoro recaudaría de más entre Impuesto a las Ganancias, impuesto al cheque e impuestos aduaneros al liberar el mercado de trigo.

La liberación del mercado del trigo permitirá el ingreso de mayor cantidad de divisas al país, que éstas no queden sólo en una parte de la cadena (le daría más transparencia a la entrada de divisas ya que muchas de estas empresas tienen filiales en otra parte del mundo), y tener mayor recaudación final para compensar la harinausada para la panificación en el mercado interno, dejando un excedente para el Tesoro.

Esto no sólo beneficiará al erario, sino también al consumidor, al no subirle el valor del pan, y al productor al mejorarle considerablemente su rentabilidad.

Al mismo tiempo, implica iniciar una política a largo plazo mediante la que se le asegura al productor el reflejo del mercado internacional en sus productos, posibilitándole la planificación y la previsibilidad del negocio. Asimismo, acarreará una mayor área futura de siembra. Si a estas pautas les agregamos políticas activas, como la incentivación del uso de fertilizantes (hace un año y medio presentamos un proyecto en el Ministerio de Economía para la doble imposición de costo del fertilizante), no hay duda que volveremos a los niveles de producción anteriores, y con la fortaleza de que tanto el país como el consumidor y el productor serán los beneficiados.