El hecho de que con el mismo organismo sanitario fiscalizador haya cadenas de productos como la avícola o la vitivinícola que desarrollan una buena performance exportadora, mientras que otras sufren recurrentes problemas, caso la carne vacuna o los cítricos, llama la atención respecto de hacia dónde se está enfocando el debate sobre el futuro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria que hoy conduce Jorge Amaya.
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En los últimos tiempos este debate se focalizó en la necesidad de su reforma, argumentando que no está cumpliendo eficientemente su misión o que podría hacerla mejor. Parece existir consenso en este diagnóstico, tras lo cual se bosqueja aquello que debería ser el organismo que garantiza la sanidad y la calidad de los agroalimentos, tanto para los consumidores argentinos como para los del resto del mundo. Se sostiene que habría que dotar al país de un sistema similar al que han logrado desarrollar otros como Nueva Zelanda, Australia o Canadá, o que el sector privado debería tener mayor injerencia dentro de la conducción del organismo. La pregunta que surge es: ¿estamos preparados para debatir en serio la reforma del servicio sanitario? Es lógico que cada sector de la actividad agroalimentaria esté en condiciones de realizar críticas al funcionamiento actual y exigir lo que a su juicio considera que sería el funcionamiento adecuado del organismo. Pero eso no basta.
En primer lugar, habría que realizar un diagnóstico con todo el rigor metodológico que demanda la cuestión para determinar si el presunto mal funcionamiento es una cuestión presupuestaria exclusivamente o si reside en la conducción del organismo, en la estructura organizacional, en la falta de autarquía financiera, en el papel de los gremios o en cualquiera de las combinaciones posibles. Tras ello habría que determinar en qué proporción incide cada uno de los factores involucrados.
• Miel
Sin embargo, hay una pregunta más elemental: ¿no será este SENASA el emergente de un sistema agroalimentario privado poco afecto a cumplir con la normativa vigente? Pregunta molesta y políticamente incorrecta si las hay, pero insoslayable al mismo tiempo. Era de público conocimiento que la miel china había sido excluida de los mercados internacionales por la presencia de nitrofuranos y que el producto argentino encontró en ello una oportunidad.
Pero fue la misma actividad privada la que no cuidó, inicialmente, que estos antibióticos prohibidos ingresaran en el producto. Tampoco se pueden achacar todas las culpas al ente fiscalizador, cuando las normas son transgredidas en una proporción tan alta como se supone sucede en la cadena de la miel. En el otro extremo, hay cadenas de producto que funcionan sin mayores problemas -o si los tienen, los resuelven ejecutivamente- y que son fiscalizadas por el mismo ente sanitario que otras critican.
Como el caso de la avicultura o de los vinos, de los cuales no trascienden problemas de la magnitud de los ocurridos con los cítricos o la carne vacuna, por citar dos ejemplos. En la hipótesis de que se pudieran trasladar los organismos sanitarios «modelo» a la Argentina, como los de los países arriba citados, ¿cómo se imaginan que funcionarían en el marco institucional argentino?
• Aftosa
No olvidemos ni por un momento que fue el mismo sector privado el que brindó su acuerdo para ocultar los brotes aftósicos que se produjeron en el país en el segundo semestre de 2000. Este debate que se viene llevando adelante parte del supuesto de que modificando algo en la estructura del SENASA se solucionarán una cantidad de problemas que posiblemente estén más allá de la órbita del organismo, sin desconocer que todo parece indicar que es necesario reformarlo.
Por otro lado, asumiendo que se requiera efectivamente una reforma organizacional del servicio sanitario argentino, la pregunta es quién o quiénes están en condiciones de plantear una reestructuración del servicio. El punto resulta relevante si se piensa que muchos de quienes conocen el tema en detalle pueden tener una cantidad de compromisos e intereses que les impiden actuar objetivamente. Lo que se necesita, entonces, son diseñadores institucionales que tengan el respaldo ético para sugerir, llegado el caso, que es necesario eliminar la figura del consejo de administración en el nuevo organigrama, o por el contrario, que propongan la creación de un ente privado de carácter público para llevar adelante la misión.
Eventualmente habrá que estar preparados para buscar esos diseñadores en el exterior. En síntesis: podemos definir con precisión qué es lo que queremos del servicio sanitario animal y vegetal argentino. Pero es necesario que el proceso de reforma comience con una profunda autocrítica desde el sector privado, que permita realizar un diagnóstico correcto para, a partir de él, asumir el nuevo diseño institucional con verdadero profesionalismo.
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