7 de enero 2004 - 00:00

Se suman interrogantes que condicionan los resultados

Habiendo transcurrido un año en el que el sector tuvo un comportamiento positivo en sus principales variables y severas dificultades desde el punto de vista de las normas regulatorias, estamos comenzando un nuevo año con buenas expectativas y algunos interrogantes sobre aspectos cuya evolución pueden condicionar el resultado futuro.

El complejo oleaginoso y cerealero continuó siendo el principal sector del comercio exterior argentino, con exportaciones superiores a u$s 9.000 millones, representando casi un tercio del total de nuestros envíos al exterior. La evolución del tonelaje embarcado en los primeros nueve meses del año en relación con el mismo período del año anterior muestra que los embarques de granos crecieron 11%, impulsado por mayores embarques de soja y maíz que compensaron la caída del trigo.

En tanto los volúmenes exportados de aceites vegetales y de harinas proteicas aumentaron sobre el año anterior casi 14%, en ambos casos derivados de aumentos en las exportaciones de productos de soja. La molienda de granos oleaginosos aumentó en los primeros diez meses 12,5% respecto de 2002, alcanzando este año un nuevo récord histórico.

El comportamiento anterior fue acompañado por una tendencia alcista en los precios de los granos y productos derivados, lo que se tradujo en un incremento de más de u$s 1.000 millones en el valor de nuestras exportaciones. Esto se vio reflejado en las liquidaciones de divisas del sector que acumuló en 2003 un total de u$s 9.400 millones, o sea 38% sobre los u$s 6.800 millones de 2002.

Las perspectivas para 2004 indican un aumento en la producción de soja y diferentes alternativas para los demás cultivos, con precios que por lo menos durante una buena parte del año se mantendrán sostenidos en torno de los valores actuales, previendo que los niveles que alcanzaron las variables antes comentadas podrán sostenerse
.

Desde el punto de vista del marco regulatorio, tanto interno como internacional, el panorama es totalmente diferente. Si bien puede destacarse como un hecho muy positivo la consolidación de las relaciones entre las entidades agroindustriales en torno de la «cadena agroindustrial», lo que permitirá canalizar de forma orgánica propuestas constructivas para la generación de políticas que fomenten el desarrollo del sector agroindustrial, debemos señalar ciertos puntos negativos que podrían afectar seriamente la evolución del sector.

Nos referimos concretamente a la modificación introducida en la ley del Impuesto a las Ganancias, por la cual se estableció para valorar las operaciones de exportación el precio del día del embarque, en lugar del valor de la fecha en que se concierta la operación, introduciendo un alto grado de incertidumbre en la operatoria que afectará a todos los operadores. Aun hoy, al no haberse reglamentado dicha norma y la operatoria se realiza sobre bases inciertas y con consecuencias difíciles de predecir.

Otro importante elemento de preocupación se relaciona con la maraña normativa que cada uno de los fiscos provinciales ha desarrollado sobre los impuestos, especialmente en el caso de los Ingresos Brutos, que provoca gravísimas dificultades para aquellas empresas que operan en varias jurisdicciones.

En este año debe discutirse la nueva ley de coparticipación federal, lo que representa una buena oportunidad para que en el acuerdo entre la Nación y las provincias se logre una uniformidad razonable en la legislación impositiva sobre los impuestos provinciales y las tasas municipales.

También debiera en este nuevo año sentarse las bases de un nuevo sistema fiscal que permita desmantelar a la mayor brevedad los impuestos distorsivos que hoy inciden pesadamente sobre nuestra actividad como los derechos de exportación que en nuestra actividad alcanzan 20% y el denominado impuesto al cheque.


En otro orden, observamos que el comercio multilateral puede entrar en una zona de graves conflictos comerciales al fracasar el acuerdo para una nueva ronda y el hecho de haber caducado la
«cláusula de paz» por la cual los países que aplican subsidios a la producción agroindustrial pueden ser demandados ante la OMC.

No deja de ser preocupante también la aplicación por parte de la Unión Europea de una legislación relacionada con el etiquetado y la trazabilidad de los productos que importan, lo que puede significar un fuerte aumento de costos para nuestros productores.

Este panorama de buenas perspectivas económicas y fuertes incertidumbres institucionales genera el marco para el año 2004 que iniciamos y nos permite renovar una vez más la apuesta del sector con el país
, confiando en que la estabilidad, la permanencia de las normas y el fluido diálogo con el gobierno, nos permita desarrollar todo el potencial de la cadena agroindustrial de la cual somos parte.

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