Semilla legal debe ser una cuestión de Estado

El trigo y la soja en la Argentina cubren una superficie aproximada a 16 millones de hectáreas, casi 70% del total sembrado en nuestro país. Estos dos cultivos son responsables y adquieren una importancia fundamental en la creación de divisas, pues se exportan 34 millones de toneladas, más de 70% de la exportación total de granos derivados/subproductos (la Argentina exporta 45 millones de toneladas de sus principales cultivos.) Este es el país potencial que debemos cuidar y que contrasta con la semilla fiscalizada por la que los criaderos reciben su retribución, como veremos más adelante. Aclarado esto, podemos afirmar que la semilla legal es una cuestión de Estado.

¿Nos hemos puesto a pensar que el primer eslabón de esta cadena es la semilla y su potencialidad depende de la investigación intrínseca que posee, para que rinda, se adapte, aporte calidad y supere enfermedades?

La cadena productiva comienza en la semilla; cuál sería nuestro destino si la semilla que genera la enorme producción, no fuera de última generación (como lo es en la actualidad).

Nuestro destino como país sería nefasto. El cuadro de situación en que nos desarrollamos; mundo globalizado y país sin subsidios, nos exigen una competitividad más eficiente.

La herramienta tecnológica a la que nos referimos, la semi-lla, tiene importancia fundacional en este esquema productivo. Por ser autogamas estos cultivos (trigo y soja) pueden ser multiplicados y sembrados por el productor, en contraposición con la semillas híbridas que resguardan sus derechos por su propia génesis, y deben adquirirse cada campaña.

Sin embargo, cuando analizamos el porcentaje de reconocimiento (regalías) que reciben las empresas que encaran los planes de investigación fitogenética para la creación de semi-llas autogamas, el destino y sus consecuencias son previsiblemente oscuros.

Variedades

En soja sólo 23% del total de la superficie sembrada aportó y reconoció con su compra o regalía a quienes crean las variedades. En trigo sólo 34%. Esto significa que 11 millones de hectáreas no aportaron al sistema y utilizaron o usufructuaron (según sea uso propio o ilegal) semillas que contenían genética de avanzada en su composición.

Ante tal situación, si no asumimos todos los actores involucrados, que esto significa un flagelo para el destino productivo y competitivo de nuestro país estaríamos apostando al atraso, que nadie desea, pero donde los hechos nos conducen.

La industria semillera es un sistema tan integral que como la ley del mínimo en agronomía para que tenga su efecto y función, cualquiera de los roles aquí descriptos deben actuar a la perfección.

De nada vale la inversión e investigación para crear la mejor semilla si no se reconocen sus derechos de propiedad.

De nada vale una calificada red de multiplicadores que no se vean alentados y motivados porque la semilla legal producida queda en sus galpones.

De qué vale el mejor productor potencialmente hablando, si no cuenta con la mejor semilla como herramienta tecnológica.

De qué sirve todo esto sin un control eficiente, cercano a la perfección, que haga cumplir la ley en forma efectiva.

Además, el marco legal que nos contiene y regula debe estar a la altura de la circunstancia y los tiempos; nuestra ley de semillas tiene veintisiete años y las consideraciones de entonces, junto a los avances científicos y tecnológicos exigen una actualización.

Orgullo

La industria semillera es un orgullo argentino, lo dicen los protagonistas, miles de productores que visitan anualmente los eventos agropecuarios. Con el fin de crear sobre el tema La Asociación Argentina de Protección de Obtenciones Vegetales inició una campaña, a través de seminarios, universidades, y reuniones a campo, sobre lo que significa una verdadera protección vegetal.

Es tan trascendente el tema que nos involucra a todos, investigadores, criaderos, multi-plicadores, productores y gobernantes; sólo que las voluntades personales, que las hay, deben estar afianzadas por una verdadera decisión política.