Esta tarde la Cámara de Senadores de la Nación dio la media sanción que faltaba al proyecto de reforma de la Ley de “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento para el Terrorismo” (PLAFT).
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Hoy se aprobó la reforma de la ley de Prevención de Lavado de Activos que, entre otros aspectos, incluye un apartado sobre los servicios de activos virtuales en cumplimiento con las directivas del GAFI.
La ley de prevención del lavado de activos ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados.
Esta tarde la Cámara de Senadores de la Nación dio la media sanción que faltaba al proyecto de reforma de la Ley de “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento para el Terrorismo” (PLAFT).
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Esta reforma incluye modificaciones al Código Penal y de aspectos administrativos para la Unidad de Información Financiera (UIF), en línea con estándares internacionales que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), actualmente de visita en el país.
En este contexto, la Cámara Argentina Fintech anunció que seguirá trabajando para que la reglamentación de la norma sea inteligente y progresiva en lo que refiere al capítulo de Activos Virtuales incluido en la nueva ley.
"Desde hace más de un año que colaboramos con la UIF y la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo fijado por la Ley como encargado del registro, regulación y supervisión de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), figura que agrupa a exchanges y plataformas de operación de las popularmente conocidas como criptomonedas", expresaron.
La ley comprende que todas las empresas locales y/o extranjeras que brinden servicios de activos virtuales en Argentina deberán inscribirse en un registro ante la CNV que contemple el eventual traslado de las tenencias de criptomonedas a una sucursal local.
"La colocación de la CNV como único regulador de los PSAVs parece un acierto, considerando que sus funciones están principalmente dirigidas a la protección del inversor, la transparencia y la integridad del mercado y que, a diferencia de otros organismos, tiene como misión afianzar los mercados y alternativas de inversión en la Argentina", expresaron desde Lemon.
Hay que destacar que la regulación conlleva un proceso que requiere normas reglamentarias y plazos razonables de adecuación e implementación. En otros países, el tiempo promedio fue de 18 meses.
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