Opiniones

Crisis en Chubut: el problema no son los fondos sino el despilfarro

El escenario chubutense no se condice con su ventaja: ser una de las provincias más ricas.

La crisis que atraviesa la provincia del Chubut no es por ingresos escasos sino por una sucesión de malos gobiernos que despilfarraron recursos abundantes, utilizaron al empleo público como un botín, dieron lugar a nichos de corrupción sistémica y carecieron de visión para apuntalar la diversificación de la matriz productiva.

Chubut es una de la provincias más ricas, porque a diferencia de la mayoría de ellas, que financian sus presupuestos con coparticipación federal e impuestos propios, Chubut tiene una tercera fuente de ingresos: las regalías hidrocarburíferas.

Hasta 2003, durante las gestiones radicales de Carlos Maestro y José Luis Lizurume, las regalías representaban menos de u$s 100 millones anuales. Pese a eso, la provincia pudo llevar adelante con fondos propios o en forma compartida con la Nación, obras de escala tales como la terminación del puerto de Comodoro Rivadavia, el nuevo acueducto Lago Musters/Comodoro Rivadavia, o el gasoducto cordillerano que llevó gas natural a Esquel desde Neuquén, además de miles de viviendas y apoyo al sector privado para la diversificación de la actividad productiva privada, con un fondo financiero que permitió desarrollar hoteles de categoría en Puerto Madryn, Comodoro, Esquel y la comarca andina, inversiones en cultivos no tradicionales o la forestación de miles de hectáreas en la zona cordillerana (de menos de 100 ha. implantadas en 1991 se llegó a 3000 en 2002, y como consecuencia de la interrupción del programa el año pasado el resultado fue cero hectáreas). Hoy, la única inversión en infraestructura es de orden nacional y de algunos municipios.

La inversión nacional permitió terminar el nuevo aeropuerto de Comodoro Rivadavia, reacondicionar la pista del aeropuerto de Trelew, iniciar la obra del nuevo aeropuerto de Esquel, inversiones en rutas, en tres puertos, terminar la repotenciación de los gasoductos cordillerano y patagónico y concretar en su territorio un cuarto de los desarrollos en energías renovables llevados a cabo en todo el país desde 2016 a esta parte.

Chubut es una provincia bendecida con recursos naturales petroleros, gasíferos, forestales, pesqueros, con condiciones para el desarrollo turístico y de las energías renovables, con una industria metalmecánica muy asentada e importantes recursos humanos formados en esas materias.

A partir del año 2005, como consecuencia de la suba del precio del petróleo, que pasó de 8 dólares el barril en 1998 a 140 dólares en 2005, las regalías se incrementaron notoriamente como consecuencia del mayor valor y del crecimiento de la producción a que dio lugar la mayor inversión de las compañías.

Pasaron a representar 500 millones de dólares anuales. Es decir, esa fuente de financiamiento se quintuplicó respecto de la existente quince años atrás. Cada año, los gobernantes que se sucedieron desde 2005 para acá disponen hoy de cinco veces más ingresos de regalías que los que tenían los gobernadores anteriores.

Sin embargo, se discontinuó el apoyo al sector privado y el único que creció fue el Estado, que de tener una plantilla de 23 mil agentes en diciembre de 2003, pasó a una más de 60 mil en la actualidad. La provincia tomó además diversos endeudamientos, con el agravante que el 80% del stock de esa deuda financiera está asumido en dólares y con las regalías afectadas como garantía de repago.

Sin ir más lejos, el actual gobierno provincial tomó en 2016 un empréstito de u$s 650 millones, que además de no reflejarse en inversiones en obras concretas, condiciona fuertemente las finanzas del presente. En términos de relación stock de deuda/ingresos corrientes, Chubut es hoy la provincia más endeudada de la Argentina, afectando más del 70% de sus ingresos corrientes.

La deuda con los proveedores del Estado es también altísima, muchos de ellos con acreencias que arrastran más de seis años, y sometidos a leyes de emergencia que les cierran la vía judicial para el reclamo y con promesas de cancelación con un bono que nunca terminó de concretarse.

En ese escenario de por sí caótico, el gobierno provincial resolvió adelantar y desdoblar las elecciones de este año, con el consiguiente gasto que ello implicó y que podría haberse evitado haciéndolas en forma simultánea con la nacional. El gobierno sabía que la situación era una olla a presión y que para ser reelegido debía votarse antes de que el colapso se hiciera evidente.

Para colmo de males, volcado a la campaña electoral, tomó decisiones de política salarial que implicaron incrementar aún más los compromisos de erogación, con incorporaciones masivas a planta permanente y aumentos salariales en paritarias por encima de las posibilidades de pago y dados a sabiendas de que eran imposibles de cumplir. Las elecciones fueron el 9 de junio y veinte días después, cuando en el mes de julio hubo que pagar el medio aguinaldo y los salarios de junio la situación explotó. Comenzó la cesación de pagos.

Los sueldos terminaron de pagarse a fines de julio, es decir, casi un mes después del plazo legal, la obra pública provincial se paralizó absolutamente, los proveedores siguieron sin cobrar y los aportes y contribuciones al Instituto de Seguridad Social de la provincia –que no solo administra las jubilaciones y pensiones, sino también la obra social-, sin pagarse, con la consecuente afectación de las prestaciones médicas.

Todo ello arrastró la misma situación a agosto, cuando recién a fin de mes lograron terminar de pagarse los salarios de julio y en el presente de mes, en donde ya superada la primera mitad de septiembre solo han cobrado los agentes que perciben menos de $ 40 mil de salario.

En este escenario caótico y de cesación de pagos que se extiende desde el mes de julio, el gobierno provincial solo ha atinado a endeudarse (emitiendo letras y liquidando un remanente de 15 millones de dólares de un empréstito para obras de infraestructura) o a postergar pagos (de empleados, de proveedores), sin anunciar una sola medida de fondo para salir de la crisis.

Y pese a que lo niega falseando la realidad, ha recibido adelantos financieros del gobierno nacional. Este mes de septiembre recibió casi $ 1.300 millones de adelantos de diversos fondos específicos, coparticipación y ATN, como así también ha venido siendo asistida la provincia con fondos del Fondo Fiduciario desde mediados de 2017 por más de $ 5.000 millones.

Todo ello sin dejar de mencionar la importancia que tuvo la decisión del presidente Macri de restituir a las provincias (entre ellas Chubut) la plenitud de la coparticipación federal de impuestos, a las que pese a reestatización del sistema jubilatorio en 2008 se les siguió descontando el 15%, sin que los gobernadores que se sucedieron de aquel entonces efectuaran reclamo alguno (solo lo hicieron Santa Fe, Córdoba y San Luis). Ello también implicó mejorar los ingresos fiscales de la provincia.

Todo un contraste con las decisiones que se tomaron en el gobierno provincial durante el mandato del gobernador Buzzi, cuando no solo no se reclamó por la quita del 15%, sino que además se desistieron de cinco juicios contra el Estado Nacional que tenían pericia favorable y se encontraban en estado de dictar sentencia en la Corte. Estos desistimientos se hicieron sin obtener beneficio alguno a cambio para la provincia, pese a que a valores actuales equivalen a $ 15.000 millones.

Los números concretos demuestran que el problema de Chubut no son los ingresos sino la forma en que se mal administran los recursos. En el primer semestre de 2018 los ingresos por todo concepto totalizaron $ 23.263 millones. En el primer semestre de 2019 representaron $ 37.000 millones. Sin embargo, las erogaciones pasaron de $ 22.311 millones a $ 39.883 millones.

Se pasó de un superávit primario de $ 951 millones en ese período, a un resultado deficitario de casi $ 3.000 millones en solo seis meses, y eso solo se explica por la irresponsabilidad de pretender ganar una elección a cualquier costo.

A esta altura del partido, con una crisis que escala y se agrava por decisiones políticas torpes como la de plantear un incremento salarial para los funcionar os políticos cuando aún no han terminado de cobrar sus salarios los agentes del Estado, resulta impostergable que el gobierno provincial explicite las medidas que planea tomar para superar esta situación.

Es llamativo que transcurridos tres meses de una situación que no puede calificarse sino como de cesación de pagos, el gobierno del Chubut no haya anunciado una sola medida de fondo y solo apele a vivir de prestado sin atacar el núcleo del problema.

Está claro que ante un escenario de déficit crónico solo la adopción de medidas de fondo que ataquen el núcleo del problema y que cuenten con consenso y acompañamiento político podrán permitir una superación de la crisis.

(*) Diputado nacional (UCR - Chubut).

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