De la guerra relámpago por Ganancias a las dudas por salarios y el nuevo Consejo

La trama que derivó en la caída del artículo en el Presupuesto, el rol del “tridente”, la consolidación del “PJ” y la “grieta” entre los jueces por el pago de impuestos. Dudas por paritaria, en un contexto de conflictividad interpoderes. Escenario turbulento en el nuevo Consejo, por elección de legisladores.

Tiempo Judicial

El “blitzkrieg” oficialista contra los jueces por Ganancias fracasó tempranamente. Pero dejó en la superficie varias cuestiones a ser analizadas por sus proyecciones futuras. La primera, es que nunca estuvo destinada a tener éxito: el diseño parlamentario que tuvo el artículo 100 del Presupuesto 2023 para obligar a tributar inmediatamente el impuesto al Poder Judicial tenía varias deficiencias de origen que abrían flancos de judicialización automática. No se trataba solo de un presunto avasallamiento a la independencia judicial sino directamente el incumplimiento del artículo 110 de la Constitución Nacional por el recorte abrupto que iban a sufrir en la práctica los salarios judiciales. La intangibilidad de las remuneraciones era el derecho vulnerado, algo que había sido conversado en las fugaces 48 horas iniciales con el poderoso fuero Contencioso Administrativo Federal que estaba dispuesto a hacer sucumbir ese artículo en caso de que fuese promulgado por el Congreso. Nunca hubo chances reales de que no fuese bloqueado. Desde esa perspectiva es posible relativizar la derrota del Gobierno, porque nadie pierde lo que le era imposible ganar.

El problema que se visualiza ahora tiene que ver con una cuestión de calendario y de contexto. Y coincide con el último tramo del aumento salarial pedido por los empleados judiciales, cuya viabilidad queda bajo un signo de interrogación después del último enfrentamiento. Para apaciguar señales de alarma, el Ejecutivo envió el viernes último –cuando todo ya había pasado en el Congreso en una semana frenética- una readecuación de partidas con destino al gasto judicial. De la sanción en Diputados del Presupuesto, pesos más pesos menos, los requerimientos solicitados por el Consejo y la Corte están cumplimentados. Pero en el medio de fallos de relevancia política, cualquier otro asunto más sensible queda en una nebulosa por la reacción que podrían tener desde los otros dos poderes. Eso es parte de la lección que dejó todo este entrevero.

El segundo punto relevante de toda la saga, quedó en evidencia en la madrugada misma en la que se discutió el Presupuesto en el Congreso: todo el affaire exhibió un nuevo PJ unido. Un Poder Judicial unido. Esa unificación –lejana al extremo de la fantasía kirchnerista sobre la existencia de un “Partido Judicial”- se apoyó en una cuestión básica, lineal y poco sofisticada: el bolsillo. Era muy sencillo calibrar que imponer el tema de Ganancias de esta forma era el atajo para enemistarse con todos al mismo tiempo y sin posibilidad de imponerlo. Si había un millar de jueces, camaristas y jueces de la Corte que los iban a sufrir a nivel federal y nacional, era solo la punta de la pirámide de los “enganches” que derraman sobre los ministerios públicos y sobre el resto de los trabajadores judiciales que tributan por el nivel de sus salarios, pero que también impactan en los poderes judiciales provinciales. Solo ese dato explica por qué los diputados oficialistas con representación sindical votaron en contra. Hubiera significado su exclusión inmediata de la representación de los trabajadores que iban a sufrir el descuento. ¿Qué pretendían? ¿Qué no pudieran pasar por la vereda de sus propios gremios? Otro error de cálculo sobre lo que estaba en juego. ¿Cuál fue el costo del experimento? Eso está por verse. Desde el mundo judicial anticipan que no habrá represalias en expedientes.

La Corte Suprema coordinó pero también tribunales inferiores y Cámaras y hasta magistrados silvestres con algún tipo de contacto político desplegaron una táctica de fuego a discreción para hacer saber a cuanta fuerza política tuviera incidencia en la discusión por el Presupuesto los riesgos que implicaría aprobarlo tal cual venía. La ventana de oportunidad estaba en su paso por Diputados. El tridente de la Corte que integran Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz fue fundamental en esos diálogos subterráneos. El propio Ricardo Lorenzetti fue el único que lo admitió “on the récord” que había estado en diálogo permanente con los legisladores.

Los contactos que se extendieron, incluso, en la madrugaba no amenazaron sino que recordaron que existían múltiples planteos judicializados no solo sobre el nuevo régimen de jubilaciones para el Poder Judicial cuya ley es de 2020, sino otros que se remontan a 2017 por el régimen de Ganancias para los ingresantes a partir de esa fecha, pero también sobre la viabilidad de ese impuesto sobre jubilaciones. Un potencial universo de afectados inconmensurable. El “remedio” iba a ser peor que la enfermedad. Como corolario, se le regaló “estrenar” al Poder Judicial un poder de lobby sobre el Congreso difícilmente trasladable a otro tipo de iniciativas pero que le sirvió para consolidar un poderío que no había sido llevado a la práctica antes.

Ya en el Senado, la estrategia iba a ser otra. Por eso generó un “ruido” en la propia Asociación de Magistrados el pedido de audiencia que solicitaron (en medio de la desesperación) para que los reciba Cristina de Kirchner, el miércoles pasado. Algunos jueces presentían que la vicepresidenta iba a aprovechar la ocasión para humillarlos en el pedido para que el tema se posponga. Pese a la fachada dialoguista, el enfrentamiento con el kirchnerismo a quien consideraban autor tácito de la iniciativa para podarles el sueldo como parte de una embestida, es considerado un vínculo sin retorno. Esto, en muchos casos, alimentado además por la ausencia de interlocutores válidos. Así las cosas, apenas cayó el artículo en la votación particular –cerca de las 7 a.m. del miércoles- fue un alivio que pudiesen suspender el encuentro con Cristina que, sorpresivamente para la mayoría, les había concedido la reunión con inusual velocidad. Pese a haber sido una de las voces que lideraban las reuniones, el camarista Mariano Llorens que acababa de pedirle la prisión en un voto solitario y con un extraño timing amenazó con no concurrir a la reunión con la vice que tampoco ahorró descalificaciones contra el magistrado. Le hicieron una declaración judicial: en una carta consideraron “abstracto” el motivo por el que habían solicitado el encuentro. No importó que hubiesen esgrimido antes la vocación por dialogar con todos.

Cierto es que hay una grieta incipiente que por ahora representa un porcentaje minoritario dentro del Poder judicial que considera que debe darse la discusión para que empiecen a pagar los que no pagan. Ese grupo tiene como denominador común que ellos sí pagan, son parte del 25% que hoy tributa de acuerdo a los números que tiraron sobre la mesa. El gobierno podría llevar ese porcentaje sobre el 40% si nombrara a todos los jueces que tienen en carpeta el Ejecutivo o el Senado pendiente de aval. Son muchas las vacantes por las que no se ha mostrado vocación de completar. Desde un comienzo este problema no era un tema fiscal.

La mayoría no acompaña esta postura. Saben que el asunto es inexorable pero se convencen de que no es el momento de dar esa discusión. De última, dicen que pueden tributar Ganancias con el mismo régimen de legisladores, que poseen algunos rubros alcanzados y no todas sus dietas.

Como se anticipó en estas líneas, un posible camino que hubiese supuesto una estrategia seria para encarar el problema de las exenciones al Poder Judicial hubiese sido un “grossing up” que permitiera que el cobro del tributo no incidiese en disminución alguna sobre el salario de bolsillo. Implicaría un asiento contable que incrementara el sueldo bruto y retrajera de inmediato el impuesto. Simbólicamente implicaría un aumento salarial del 35%, algo difícil de justificar pero que automáticamente echaría por tierra el argumento de que se vulneraba la intangibilidad. Desde ese punto en adelante, el pataleo de los jueces podía quedar ya más como un capricho sin andamiaje técnico para cuestionarlo de manera objetiva. ¿Por qué no se optó por este camino? Lo cierto es que además, incorporarlos al tributo aumentando el salario bruto hubiese incrementado los descuentos y la recaudación por los porcentajes asignados por ley para el sistema jubilatorio, sin tope y con un monto mayor que el resto del sistema previsional. Es decir, el Estado iba a terminar cobrando el impuesto y recaudando más por otros conceptos. Todo ello sin tener en cuenta otro reproche que iba a tener asidero si el tema escalaba a una judicialización: el argumento de la igualdad que bien sirve para objetar la exención de Ganancias para los integrantes del Poder Judicial respecto del resto de los trabajadores que tributan bajo la cuarta categoría, se pretendió aplicar sobre todos los ítems que componen el salario judicial. Nuevamente, el contrasentido habilitaba un frente incómodo. El Poder Legislativo no tributa sobre todos los componentes de sus salarios por lo que los jueces iban a terminar pagando por sobre todo un paquete que otros poderes no. La “desigualdad” iba a jugar a su favor en un escenario de esas características. Todo este contexto explica por qué nunca la discusión fue en serio, aunque disparó una reacción feroz de todo el Poder Judicial que en cuestión de horas unificó sellos, apiló comunicados en rechazo, desplegó todo el fuego posible para generar puentes en oficialismo y oposición y se aseguraron de derribar el artículo para que no tuviese apoyo en la votación en particular. Si este sistema de aglutinamiento del Poder Judicial en pos de un objetivo concreto con semejante homogeneidad se traslada a otros episodios será una responsabilidad de la política.

Otras dos conversaciones forman parte de la agenda más allá de las causas penales en juego y de los fallos que prepara la Corte. Una es la elección de miembros para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, donde también habrá una competencia partidaria mucho más desembozada, siguiendo el ejemplo de lo que fue en Nación. Y lo segundo, es cómo se están moviendo las fichas en el Congreso para el recambio del estamento de los legisladores que completaría el nuevo formato de 20 para los próximos 4 años. No hay nombres sobre seguro para anticipar entre diputados y senadores. Horacio Rodríguez Larreta quiere disputar un espacio con el diputado Álvaro González en reemplazo de Pablo Tonelli; la senaduría radical pasará a manos de un representante de la Corrientes de Gustavo Valdés; Martín Doñate no tiene su situación consolidada porque depende de la Corte, mientras que podría haber otra baja en las filas camporistas por una eventual reelección. El panorama todavía no está asentado y para colmo – y en un escenario inédito- antes de asumir, ya hay suplentes que están precalentando y probándose el traje de titulares.